- Considera “incomprensible e indignante” que los crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban un tratamiento judicial adecuado.
La Paz, Innovapress, 27 ago 2025.- El presidente Luis Arce manifestó este miércoles su “profunda preocupación” porque, en su criterio, la justicia continúa sin dar una respuesta efectiva a los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, por lo que ordenó al Ministerio de Justicia, apelar.
“El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta”, escribió en sus redes sociales.
El gobernante consideró “incomprensible e indignante” que los crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban un tratamiento judicial adecuado.
Recomendó a los operadores de justicia a actuar con objetividad, en respeto a la memoria y la dignidad de quienes perdieron la vida en la crisis de 2019.
La declaración de Arce coincidió con nuevas resoluciones judiciales en el denominado caso Golpe de Estado I.
Apelación
El Gobierno apeló la decisión judicial que favoreció a los exdirigentes cívicos, Pumari y Camacho, en el marco del caso Golpe de Estado I.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, calificó las resoluciones como “preocupantes” y reafirmó que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda del Estado.
“Se han presentado las apelaciones pertinentes, considerando los fundamentos que ha establecido el juez al momento de dictar su resolución (…). La justicia para las víctimas es una deuda pendiente del Estado”, declaró Saravia.
Añadió que, si bien el Órgano Judicial tiene la competencia privativa para dictar medidas cautelares, es responsabilidad de todos los órganos del Estado garantizar justicia en casos relacionados con derechos humanos.
La noche del martes, el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz ordenó la libertad pura y simple de Marco Pumari y dictó detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho, ambos investigados por su presunta participación en los hechos de la crisis de 2019.
A esa decisión se suma el fallo del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto, que el lunes anuló los obrados en el proceso contra Áñez y ordenó remitir el caso a la Fiscalía General del Estado, abriendo un juicio de responsabilidades.
Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó graves violaciones de derechos humanos durante la crisis de 2019, incluyendo más de 600 víctimas, entre ellas alrededor de 40 muertos, 470 personas con lesiones y más de 70 procesadas sin el debido proceso legal.
IP/RDC
