Magistrados ‘autoprorrogados’ del TCP deciden irse, cesan en sus funciones en 10 días

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  • Emitieron el Auto Constitucional 0087/2025-O que dimensiona el punto cuarto de la Declaración Constitucional 0049/2023.
Los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del TCP que se van en menos de 10 días/ arch

Sucre, Innovapress, 25 nov 2025.- Los cinco magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidieron cesar en sus funciones, fin a la prórroga de mandato, los cuales continuaban en funciones desde diciembre de 2023.

La Sala Plena del TCP, a través del Auto Constitucional 0087/2025-O, resolvió dimensionar el punto cuarto de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, en el que dispone que los magistrados “autoprorrogados” cesen sus actividades dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de la notificación del fallo.

El Auto se hizo público en la audiencia de acción popular en la Sala Constitucional Primera de Potosí. En dicha audiencia, la justicia debía resolver la situación de los cinco magistrados autoprorrogados desde 2023, acto interpuesto por Sandra Beatriz Aiza.

Los magistrados del TCP en cuestión son: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navaja, Iván Lima Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karen Lorena Gallardo Sejas; así como a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Égüez Añez dejarán de ostentar esos altos cargos judiciales.

El fallo precisa que en 10 días los órganos del Estado —Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral— deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la transición y evitar un vacío institucional.

Asimismo, establece que todos los actos realizados por las autoridades prorrogadas durante este periodo se mantienen firmes y vigentes, bajo criterios de legalidad y seguridad jurídica.

El fallo también señala que los magistrados Ángel Edson Dávalos Rojas, Boris Wilson Arias López, Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca no participaron en la decisión al no tener conocimiento de la decisión.

Los magistrados destacan que fue esta instancia la que alcanzó un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitó la realización de las elecciones nacionales de 2025 pese a presiones políticas. “Frenamos más de 16 recursos y acciones constitucionales que querían paralizar la elección”, remarca el documento.

“Cumplimos nuestro rol ante la historia”, enfatizando que “jamás entregamos el poder constitucional al sistema político” y que actuaron con firmeza para “frenar el intento de reelección indefinida y garantizar el proceso democrático”.

De acuerdo con la Constitución los magistrados debieron cesar en sus funciones en diciembre del 2023; sin embargo, al no haberse elegido en las elecciones judiciales a las personas que tomen su lugar, dispusieron se amplíe su mandato.

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IP/RDC

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