- ‘En virtud de la nueva estructura organizativa del Poder Ejecutivo, el área de Comunicación Social ya no depende estructuralmente de este Ministerio. En consecuencia, el proceso de contratación mencionado ya no se encuentra vigente’: Faval
Carla Faval, vocera presidencial/ arch APG
La Paz, Innovapress, 25 feb 2026.- Presidencia a través de la Vocera, Carla Faval, anunció que se dejará sin efecto la contratación de una empresa para el monitoreo de redes sociales y medios de comunicación digitales por un valor de Bs 696.000. La decisión surgió tras fuertes cuestionamientos de legisladores y ciudadanía que advirtieron sobre una presunta vigilancia tecnológica gubernamental.
El Ministerio de la Presidencia lanzó una licitación pública para contratar un servicio integral de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales, con un presupuesto referencial de Bs 696.000, de acuerdo con el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), bajo el CUCE 26-0025-00-1632531-1-1. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 4 de marzo de 2026.
De acuerdo con el Documento Base de Contratación (DBC), el servicio contempla un diagnóstico y análisis del mercado digital, orientado a identificar tendencias, percepciones, comportamientos y preferencias de los usuarios respecto a los productos, servicios y acciones del Ministerio de la Presidencia, con el fin de alimentar planes, pilares y estrategias institucionales.
Establece de un “sistema de alerta de crisis”, mediante el cual la empresa adjudicada deberá realizar notificaciones inmediatas ante picos de menciones negativas o la aparición de temas críticos que requieran atención urgente. Estas tareas incluyen escucha predictiva y alertas tempranas durante todo el día, además de análisis comparativo de la presencia del Ministerio en redes sociales y plataformas digitales.
Asimismo, el DBC detalla que la plataforma tecnológica deberá operar en tiempo real e integrar redes sociales como Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, además de medios digitales y tradicionales, blogs, foros, portales informativos y sitios web.
El servicio también exige análisis de sentimiento, identificación de narrativas y tópicos emergentes, detección de actores relevantes e influencia digital, así como el uso de Inteligencia Artificial y Big Data adaptadas al contexto político-social boliviano.
El contrato tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye reuniones semanales de seguimiento con la Unidad de Comunicación Social e Información Gubernamental del Ministerio de la Presidencia. El documento subraya que toda la información recopilada será estrictamente confidencial y no podrá ser divulgada ni compartida sin autorización expresa del Ministerio.
Vocera
La vocera presidencial, Faval, confirmó el retiró de la licitación y que el documento “ya no está vigente”. “En virtud de la nueva estructura organizativa del Poder Ejecutivo, el área de Comunicación Social ya no depende estructuralmente de este Ministerio. En consecuencia, el proceso de contratación mencionado ya no se encuentra vigente”.
El Ejecutivo rechaza las sindicaciones de espionaje ciudadano. “No se trata de ‘controlar redes sociales’, sino de evaluar si la comunicación pública cumple su función: informar con claridad, transparencia y oportunidad a la ciudadanía”, aclaró el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.
Además, esta cartera de Estado defendió el uso de estas tecnologías al afirmar que “renunciar a estos instrumentos implicaría debilitar la capacidad del Estado para responder con eficacia” y remarcó que medir el impacto de las políticas públicas “es hoy una responsabilidad ineludible del Estado moderno”.
Más allá de retroceder en la contratación de aquella empresa, queda en evidencia el intento de control de los medios por parte del Gobierno/ referencial
Reacciones políticas
Desde el oficialismo, el diputado Rudy Pantaleón (PDC) defendió el proyecto como un mecanismo de evaluación. Explicó que iba a servir “para ver si es que de verdad se está satisfaciendo, si hay aceptación en la gestión que corresponde al Gobierno que preside el presidente Rodrigo Paz”.
La red DTV, horas antes de conocerse la decisión del Gobierno de dejar sin efecto la licitación, difundió un video de abril de 2024, en el que el entonces senador Rodrigo Paz denunció un supuesto intento del gobierno de Luis Arce para controlar el internet en Bolivia mediante instituciones estatales.
En aquel momento, Paz condenó dichas medidas, pidió explicaciones urgentes y aseguró que normativas similares solo se aplicaban en países como Venezuela y Nicaragua.
El exdiputado Tomás Monasterio sostuvo que el Gobierno dio marcha atrás y dejó sin efecto los contratos por casi Bs 700.000 destinados al monitoreo de redes sociales y “menciones negativas”.
Señaló que la decisión se produjo tras la reacción ciudadana y cuestionó que, en medio de problemas como combustible defectuoso, cisternas varadas y crisis económica, se priorizara la vigilancia digital en lugar de resolver las demandas urgentes. Añadió que un gobierno seguro de su gestión no teme la crítica, sino que la enfrenta con resultados.
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IP/RDC
