- Por el presunto delito de incumplimiento de deberes. Además, le exigen un informe que puede derivar en una interpelación.
Pedro Callisaya Aro, defensor del pueblo elegido en la era del MAS/ arch
La Paz, Innovapress, 1 jul 2026.- Si a alguien estuvo ausente de los conflictos sociales que estrangularon a la población, fue Pedro Callisaya, defensor del pueblo a quien denunciarán penalmente y exigirán un informe por su rol en los 53 días de apuros registrados en el territorio nacional.
La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, anunció este martes la presentación de una denuncia penal contra Callisaya, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
La legisladora lo apunta de no haber actuado frente a los conflictos sociales que mantuvieron bloqueos por más de 50 días en el país y solicitó, además, un informe oral para que explique las acciones que encaró en defensa de los derechos de la ciudadanía afectada por las protestas.
“Estamos planteando una petición de informe oral al Defensor del Pueblo, ya que esta instancia absorbe un presupuesto (millonario) y lamentablemente no cumple con un rol de defensa a la población boliviana. Con esto estamos realizando un trabajo de fiscalización para posteriormente denunciarlo en la vía penal”, anunció.
La legisladora aseguró que Callisaya es un defensor “ausente de los problemas de la población” y que solo “aparece cuando le da la gana”, por lo que “Bolivia no puede seguir gastando en funcionarios incompetentes”.
“Esperamos que pueda asistir a la petición de informe y dar respuestas a la población boliviana. Dónde estaba, qué ha hecho, qué función ha cumplido para defender (…) a la población boliviana, a los choferes que han estado parados, a las familias que han perdido a sus seres queridos y a los negocios que han sufrido agresiones por parte de grupos extremistas de la izquierda”, anotó.
La diputada agregó que buscará una vía para que el Defensor deje sus funciones y aseguró que no parará hasta que el cuestionado funcionario dé explicaciones.
“Nosotros vamos a buscar el mecanismo para que ya no pueda estar en este ejercicio (de su cargo). Se lo puede destituir a través de un proceso penal y es hacia donde nosotros estamos apuntando para iniciarle un proceso penal por incumplimiento de deberes y funciones, porque lamentablemente no ha hecho absolutamente nada”, insistió.
Callisaya asumió el cargo en septiembre de 2022 por un mandato constitucional de seis años. La Defensoría del Pueblo de Bolivia es la institución pública encargada de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país.
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