- Entre ellos, están: David Choquehuanca, Raúl García Linera, Juan Lanchipa, Ramiro Guerrero, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Betty Yañíquez.

Santa Cruz, Innovapress, 11 ago 2026.- Tres ciudadanos procesados penalmente en la gestión de Evo Morales presentaron denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en contra de 153 personas. Los sindicados, vinculados al operativo del Hotel Las Américas en 2009, son acusados por los presuntos delitos de asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones, torturas y privación de libertad, entre otros.
La acción legal fue interpuesta por David Sejas López, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, al amparo de los artículos 288 y 289 del Código de Procedimiento Penal boliviano. El documento judicial busca procesar a quienes resulten autores, coautores, encubridores o cómplices de los excesos cometidos durante y después de la intervención policial.
Lista de denunciados
Entre la extensa nómina de 153 denunciados figuran exautoridades nacionales, exfiscales y exoperadores políticos del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Destacan los nombres de:
- David Choquehuanca, exvicepresidente del Estado.
- Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera.
- Juan Lanchipa y Ramiro Guerrero, exfiscales generales del Estado.
- Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Betty Yañíquez, exministros de Estado (Yañíquez también ejerció como jueza y fiscal en La Paz).
Exmandatarios exceptuados
De acuerdo con el memorial presentado, la denuncia penal no incluye de manera directa al expresidente Evo Morales Ayma ni al exvicepresidente Álvaro García Linera. La exclusión se debe a que ambos exmandatarios ya enfrentan un proceso internacional paralelo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este mismo caso.
El origen del conflicto
El caso se remonta a abril de 2009, cuando una unidad de élite policial asaltó las instalaciones del Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz. El operativo concluyó con la muerte de tres ciudadanos extranjeros y la detención de varios activistas y dirigentes regionales.
El gobierno de Morales impulsó el proceso bajo la hipótesis de un supuesto plan terrorista y separatista, una narrativa que generó duras críticas y cuestionamientos internacionales por presuntas ejecuciones extrajudiciales y violaciones flagrantes a los derechos humanos.
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