- A 24 horas de los luctuosos sucesos en medio del pánico de los pobladores de Viacha ¿Qué hay de los desaparecidos? ¿Qué fue lo que realmente desató esas dos detonaciones de carácter bélico llevando al luto a personas humildes?
Por Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 5 sep 2026.- La densa nube de incertidumbre y el pánico generalizado que sacudieron al municipio de Viacha tras las devastadoras explosiones en el interior del Cuartel Bolívar siguen asfixiando a la población local, mientras las explicaciones oficiales del Ejecutivo comienzan a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones.
Apenas se desató el desastre en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, intentó aplacar el descontento público atribuyendo la tragedia de forma preliminar a la detonación accidental de material pirotécnico decomisado y almacenado de forma precaria.
Sin embargo, la insostenible narrativa de unos simples «fuegos artificiales» chocó de frente contra la realidad de una onda expansiva de magnitud bélica que pulverizó infraestructuras militares, reventó los vidrios de decenas de viviendas aledañas, cortó el suministro eléctrico en una veintena de barrios y obligó a evacuar de emergencia a familias enteras hacia albergues temporales en la Escuela de Música local.
Con el correr de las horas, el libreto de la pirotecnia mutó drásticamente, forzando al titular de Defensa a admitir de manera tardía que en el recinto militar se registraron dos detonaciones consecutivas y que la segunda —la más destructiva y letal— obedeció a causas mayores que aún se mantienen bajo una supuesta investigación técnica y fiscal de oficio por estrago y homicidio culposo.
El drástico giro discursivo de Justiniano no hace más que alimentar las sospechas y la indignación de los familiares de los conscriptos, quienes denuncian una flagrante e histórica negligencia en el resguardo de polvorines y cuestionan duramente cómo un descuido catalogado inicialmente como menor pudo detonar un siniestro de tal envergadura.
Ante la crisis desatada, el presidente Rodrigo Paz se vio obligado a romper el silencio para expresar su solidaridad con los damnificados e instruir una auditoría transparente y minuciosa sobre el cumplimiento de los protocolos de seguridad militar, en un desesperado intento por calmar las aguas de una ciudadanía que ya no tolera excusas oficiales ante la pérdida de vidas humanas.
El saldo oficial de las detonaciones estremece a la opinión pública y pone en evidencia el drama de las familias más humildes que envían a sus hijos a cumplir con el servicio militar obligatorio en los cuarteles del país.
Hasta el momento, el Ministerio de Defensa ha confirmado el fallecimiento de al menos dos conscriptos y una alarmante cifra que oscila entre 58 y 84 personas heridas, incluyendo civiles, militares de rango y menores de edad que fueron distribuidos de urgencia en centros médicos colapsados de Viacha, El Alto y la sede de gobierno.
La angustia se concentra ahora en las puertas de la unidad militar, donde madres de familia, en medio del llanto y la desesperación, exigen con el puño en alto información fidedigna sobre el paradero de al menos 14 uniformados que continúan formalmente desaparecidos entre los escombros y las densas columnas de humo negro que todavía persisten en el área afectada.
Mientras el personal de bomberos y equipos especializados prosiguen con las tareas de enfriamiento y remoción de restos materiales bajo una estricta zona de exclusión de 150 metros por el riesgo latente en depósitos de material bélico aledaños, la Fiscalía Departamental de La Paz y el peritaje policial intentan esclarecer qué tipo de armamento o compuestos inflamables desataron el infierno en el recinto castrense.
El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi Mercado, declaró tres días de duelo municipal en solidaridad con el luto que hoy embarga a los hogares bolivianos, al tiempo que el Defensor del Pueblo demandó celeridad y absoluta transparencia en las pesquisas para hallar a los desaparecidos con vida.
El país entero aguarda que los cuadernillos de investigación arrojen nombres de responsables y sanciones penales drásticas, impidiendo que esta nueva tragedia castrense quede sepultada bajo el tradicional manto de impunidad y el secreto militar que suele rodear a los cuarteles de la nación.
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