- El hallazgo del cuerpo de Wilson Copa Mamani, de 19 años, eleva la cifra de víctimas fatales y sepulta de forma definitiva el discurso oficial de la pirotecnia benigna en el Regimiento Bolívar.
La Paz, Innovapress, 6 sep 2026.- El macabro goteo de víctimas fatales en el colapsado Cuartel Bolívar de Viacha no da tregua y termina por triturar el blindaje discursivo del Ministerio de Defensa. En las últimas horas, el Comando General del Ejército y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmaron con absoluta frialdad institucional que el tercer cuerpo recuperado de entre las toneladas de escombros y fierros retorcidos corresponde al soldado Wilson Copa Mamani, un conscripto de apenas 19 años que cumplía con su servicio militar obligatorio.
El hallazgo del cadáver del joven uniformado —quien de manera trágica deja en la orfandad a un niño y una viuda en la más absoluta precariedad económica— desató escenas de profundo dolor e indignación en las puertas de la unidad castrense, donde los familiares denuncian que los muchachos fueron enviados directo a una trampa de muerte sin los más mínimos equipos de protección industrial.
La confirmación de la identidad de Copa Mamani modifica el trágico balance de la doble explosión registrada el pasado viernes y reduce la lista de desaparecidos a 12 conscriptos del segundo escalón y un suboficial, cuyo paradero continúa siendo un misterio absoluto bajo las ruinas del Centro General de Mantenimiento del RAM-2.
El comandante de la unidad militar, teniente coronel Antonio Amaru, se vio forzado a difundir la nómina oficial de los uniformados que no respondieron al llamado de diana, intentando atenuar la crisis con un comunicado donde aclara de forma tajante que los desaparecidos no deben ser considerados oficialmente fallecidos mientras no concluyan los peritajes científicos de remoción.
Sin embargo, el hermetismo militar y la falta de informes técnicos transparentes en el lugar de los hechos provocaron que un masivo grupo de madres y padres de familia iniciara un asedio pacífico en el frontis del regimiento, exigiendo con carteles y fotografías ver a sus hijos y rechazando las evasivas de los jefes militares.
La indignación social en el municipio de Viacha escaló a niveles críticos luego de que testigos presenciales y familiares de las víctimas revelaran que el desastre civil pudo haberse evitado de no mediar la tradicional negligencia castrense.
Según los reclamos formulados de cara y de frente por los pobladores civiles, tras registrarse la primera detonación menor de «pólvora negra», los instructores y oficiales del regimiento ordenaron a los soldados conscriptos ingresar al galpón armados únicamente con palas y picos comunes para sofocar el fuego residual, ignorando por completo el riesgo de combustión en los depósitos de armamento mayor.
Fue en ese preciso instante de desprotección absoluta cuando se desató la segunda y colosal explosión que sepultó vivos a los muchachos de origen humilde, provocando una onda expansiva de corte bélico que afectó a decenas de viviendas particulares vecinas y dejó más de 80 heridos en los hospitales.
Mientras brigadas especializadas de Bomberos y peritos del Ministerio Público intentan avanzar con extrema cautela en una zona de exclusión de 150 metros ante el peligro latente de nuevos estallidos por munición presurizada, los pedidos de justicia y auxilio internacional comenzaron a multiplicarse.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias al pueblo boliviano y manifestando su predisposición para brindar asistencia técnica integral a las decenas de familias afectadas por esta tragedia que enluta al país en pleno fin de semana.
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