-Este jueves la Justicia cruceña falló porque Calvo continúe con detención domiciliaria acusado de incumplimiento de deberes en la Caja Petrolera.
Santa Cruz, Innovapress, 28 abr 2022.- El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha sido imputado de manera formal por la Fiscalía de este departamento por el presunto delito de racismo y el ultraje a símbolos patrios nacionales durante los actos oficiales de la efeméride cruceña en 2021.
El abogado Marcelo Aliaga indicó que se solicitará una prohibición para que el cívico no participe en actos protocolares donde estén presentes autoridades nacionales.
“Han imputado al señor Rómulo calvo por los delitos de incitación al racismo y discriminación y ultraje a los símbolos patrios (…) Nosotros nos vamos a adherir esta solicitud y vamos a aumentar una medida previsoria a la libertad que sea la prohibición de acercarse a todos los actos protocolares nacionales”, apuntó Aliaga.
La comisión de fiscales se amparó en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal para oficializar la imputación contra Calvo “por el presunto delito de difusión e incitación al racismo o a la discriminación y ultraje a los símbolos nacionales”, está inscrito en un documento del Ministerio Público.
La imputación fue presentada por los fiscales Margoth Vargas Jordán, Francoise Cecilia Barrón al Juzgado Sexto de Instrucción en Materia Penal y Cautelar de la Capital.
Calvo es sindicado de haber realizado el 24 de septiembre de 2021 “actos reprochables con el fin de incitar a la gente a discriminar a las autoridades y a la gente indígena que habría asistido para la celebración de un aniversario más del departamento de Santa Cruz, de la misma manera al referir que un simple trapo no nos representa a nadie”.
Entre tanto, la Sala Penal Primera determinó la tarde de este jueves mantener la detención domiciliaria para Calvo y denegó la acción planteada por el abogado Martín Camacho, defensor del Calvo. Con este incidente la defensa buscaba anular el proceso por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión en la Caja Petrolera de Salud.
Así se mantienen las medidas sustitutivas, que incluye arraigo, una fianza de Bs 30.000 y la orden de firmar un acta cada semana.
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