- El diputado Carlos Alarcón advirtió que conformar una comisión de investigación paralela anularía el rol acusatorio de la Cámara de Diputados.
La Paz, Innovapress, 30 sep 2026.– Tras en veto de la Casa Blanca al fiscal general del Estado Roger Mariaca perfilan un juicio de responsabilidades en su contra. El diputado, Carlos Alarcón, afirmó este miércoles que ante las denuncias internacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos el único mecanismo constitucional y legal aplicable para su procesamiento e investigación es un juicio de responsabilidades.
De esa forma, el legislador rechazó la creación de una comisión ad-hoc alternativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La postura surge en vísperas de la Décima Octava Sesión Ordinaria de la ALP convocada para el próximo lunes 5 de octubre, donde se tiene previsto debatir las repercusiones políticas sobre el retiro de visados estadounidenses a 13 autoridades y exautoridades bolivianas.
“El único camino constitucional y legalmente establecido es el juicio de responsabilidades”, manifestó Alarcón ante los medios de comunicación.
El asambleísta fundamentó que adelantar una comisión de investigación paralela anularía las capacidades de fiscalización del mismo órgano legislativo. Detalló que, bajo el procedimiento boliviano, la Cámara Baja debe operar de manera exclusiva como el ente acusador formal en procesos de alta jerarquía estatal.
“Porque si tú adelantas una comisión Ad-Hoc de investigación paralela, todos los diputados, toda la Cámara de Diputados se estaría inhibiendo en su competencia, en su rol de Cámara de acusación en un juicio de responsabilidades”, sostuvo el legislador nacional.
Alarcón precisó que las presidencias de las cámaras de Senadores y Diputados ya remitieron las solicitudes a través de la Cancillería para acceder formalmente a la documentación de respaldo que posee Washington. Planteó que esos documentos sean presentados directamente ante el pleno legislativo.
“Entonces no puede el fiscal utilizar una coartada del caso Cerimedo para no ser investigado”, afirmó Alarcón, en referencia a las declaraciones previas que emitió el fiscal general sobre las limitaciones de las investigaciones de la Fiscalía.
El debate sobre el futuro institucional de Mariaca sumó los criterios de otros parlamentarios que demandan cautela procesal.
Por un lado, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, respaldó la fiscalización directa argumentando que el Legislativo tiene la facultad de reconducir la designación.
“Se debe conformar una comisión especial para investigar a Roger Mariaca. Sobre todo, debe convocarse a una sesión de la Asamblea Legislativa porque, así como lo hemos elegido, también lo podemos destituir”, afirmó la diputada Bilbao.
En contraste, la legisladora Sandra Rivero advirtió que las restricciones migratorias unilaterales no configuran causales automáticas para forzar la destitución inmediata de la máxima autoridad del Ministerio Público sin una previa contrastación de pruebas fidedignas dentro de la jurisdicción nacional.
Para Rivero, las acusaciones no justifican la salida automática de Mariaca del cargo sin pruebas concretas que respalden los señalamientos.
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