- Piden una urgente indemnización. De esta decisión forman parte 134 empresas distribuidoras.
Santa Cruz, Innovapress, 30 sep 2026.– La Cámara Nacional de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se declaró en estado de apronte y advirtió que suspenderá el abastecimiento de garrafas en los barrios de todo el país a partir de este jueves 1 de octubre si el Gobierno nacional no oficializa una compensación económica inmediata, ello por el alza del precio del litro de diésel.
El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de GLP, Fernando Segovia, informó que a nivel nacional son 134 empresas afiliadas las que paralizarán sus operaciones debido a que la situación llegó a un punto límite tras diez días de gestionar de manera paciente un acercamiento técnico con las autoridades correspondientes.
“Ya mañana (por el jueves) los asociados han pedido que no se distribuya porque ya no le dan los costos para hacer la distribución normal en la calle”, anunció el representante.
El dirigente sectorial aclaró que las empresas del gremio asumieron pérdidas económicas severas durante este periodo a la espera de una respuesta gubernamental, pero el encarecimiento del combustible regulado imposibilita continuar operando sin generar deudas acumuladas.
“Lo que nosotros pedimos es una compensación por el incremento del precio del diésel, ya que el diésel es un elemento fundamental en nuestros costos. Las empresas han asumido la pérdida que ocasiona el incremento del diésel para poder esperar tranquilamente la respuesta de las autoridades. Pero ya ha llegado casi a su límite”, manifestó en contacto de prensa.
Segovia precisó que el sector ya formalizó la entrega de un análisis técnico detallado de costos y documentación de respaldo ante los ministerios del área para dar viabilidad legal al beneficio solicitado.
“Estamos esperando que se comuniquen las autoridades con una respuesta favorable. Ya la petición se ha hecho, se ha hecho un análisis de costos y se ha presentado toda la información necesaria”, anotó.
El titular de la Cámara aclaró que el pedido sectorial no consiste en alterar la banda de precios finales dirigida al consumidor final en los centros de abasto, sino en obtener un mecanismo de nivelación estatal que devuelva la sostenibilidad a la cadena de comercialización masiva.
“Lo que pedimos es mantener la sostenibilidad de la distribución”, explicó Segovia, detallando que de acuerdo al análisis financiero del gremio se requeriría alcanzar aproximadamente un margen de 1 boliviano de utilidad neta para garantizar la continuidad del sistema habitual de reparto.
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