- El abogado Édgar Romero reveló que las coacciones psicológicas y los allanamientos ilegales buscaban obligar a los uniformados procesados por la asonada militar a auto incriminarse.
La Paz, Innovapress, 4 oct 2026. — El entramado judicial que rodea el proceso por la asonada militar del 26 de junio de 2024 sumó una grave denuncia de vulneración a los derechos humanos. El exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de torturas, vejámenes y organización criminal. La acusación fue impulsada por la defensa técnica del excomandante de la Armada, vicealmirante Juan Arnéz Salvador.
De acuerdo con el informe proporcionado por el abogado penalista Édgar Romero, el hallazgo de estas irregularidades procedimentales se desveló en las audiencias del juicio oral que se ventila contra el exjefe del Ejército, general Juan José Zúñiga. Romero confirmó el apersonamiento legal de su defendido a un caso penal abierto que ya cursa de forma específica en los escritorios de la Fiscalía de La Paz.
“Nos hemos apersonado a un caso abierto en la Fiscalía, producto de que en el juicio que se está ventilando contra el excomandante del Ejército, el general Zúñiga, se ha descubierto que los que están procesados han sido víctimas de tortura, allanamientos indebidos, presión psicológica, etc.”, declaró el jurista Romero.
Coacciones para autoincriminarse
La hipótesis que maneja la defensa de los militares dados de baja apunta a que los aparatos de inteligencia civil, bajo la dirección política de la anterior gestión gubernamental, ejercieron presiones indebidas para forzar declaraciones coordinadas que sustentaran la teoría de un golpe de Estado.
El abogado Romero precisó que las acciones punitivas extorsivas se aplicaron deliberadamente con la intención de que los uniformados investigados se autoincriminaran en el expediente penal.
Debido al amplio nivel de coordinación institucional que ostentaba la exautoridad del Ministerio de Gobierno, la querella solicita que el tipo penal se amplíe al grado de organización criminal.
“Aguilera tuvo total y absoluto mando dentro del Ministerio de Gobierno y dentro de la Policía y la Fiscalía”, fundamentó Romero al justificar el alcance de la denuncia contra el general policial, aclarando que las investigaciones subsiguientes determinarán si existen más civiles o jefes policiales implicados en las celdas de tortura.
Antecedente del Tribunal
Esta nueva pesquisa penal corre de forma paralela a las determinaciones del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz. Dicha instancia judicial ya había emitido con anterioridad un requerimiento expreso para que el Ministerio Público abra de oficio una investigación debido a los recurrentes reclamos de los defensores de los 34 procesados del caso militar.
Mientras el general Zúñiga cumple detención domiciliaria tras haber permanecido cerca de dos años en detención preventiva, el desprecintado de este nuevo expediente por torturas amenaza con dar un vuelco al escenario político-militar del país. La Fiscalía de La Paz evalúa los elementos acumulados por la División de Delitos contra la Integridad Personal para determinar la emisión de las correspondientes órdenes de citación informativa.
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