- La denuncia penal alcanza a 10 personas, entre ellas al exgerente general Óscar Coca Antezana y al representante legal de la empresa Comtec, Eric Aliaga. Un informe de la Contraloría General del Estado detectó que se pagó por equipos de 1 gigabyte (GB) de capacidad, pero se recibieron unidades de 512 megabytes (MB).
La Paz, Innovapress, 6 oct 2026. — El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra exgerentes y exfuncionarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), además de particulares, por un presunto daño económico al Estado que supera los 52 millones de bolivianos. La acción legal se activó a raíz de una auditoría de la Contraloría General del Estado que detectó irregularidades sustanciales en la adquisición de 50.000 decodificadores de audio y video.
En conferencia de prensa, el viceministro de Transparencia, Yamil García, detalló que el proceso de contratación cuestionado se ejecutó durante las gestiones 2016 y 2017 con la firma Compañía Técnica y Comercial S.R.L. (Comtec), bajo pliegos de especificaciones técnicas que fueron abiertamente vulnerados al momento de la entrega de los insumos tecnológicos.
“Se compró, se contrató por un giga y se recibió por la mitad. No cuesta lo mismo un equipamiento que tenga la capacidad de un giga, que un equipo que tenga la capacidad de la mitad”, puntualizó de forma categórica el viceministro García.
Denuncia penal contra 10 implicados
La imputación formal por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica involucra de manera directa a 10 personas.
Entre los denunciados figura el exgerente general de la estatal, Óscar Coca Antezana, junto a exgerentes de área, subgerentes y los miembros de la Comisión de Calificación que validaron el ingreso de la mercadería subestándar. Asimismo, la medida alcanza al representante legal de Comtec, Eric Aliaga, y a los socios comerciales de la proveedora privada.
La autoridad cuestionó el rol de los técnicos estatales, señalando que la propuesta económica debió ser rechazada en la fase de evaluación debido al incumplimiento de las condiciones mínimas obligatorias estipuladas por la propia telefónica pública.
“Si la entidad requería un giga y si la propuesta decía menos de un giga, lo que correspondía era la descalificación. Observamos un favorecimiento que concede una ventaja ilegal e ilegítima”, manifestó García al remarcar que la legislación nacional tipifica como grave cualquier afectación financiera pública que supere el umbral de los 7 millones de bolivianos.
Auditoría a 51 contratos adicionales
Más allá del expediente de los decodificadores, el Viceministerio de Transparencia determinó ampliar el marco de las investigaciones institucionales a la totalidad de las relaciones comerciales sostenidas entre Entel y Comtec. Los registros históricos evidencian que la proveedora privada se adjudicó un total de 52 contratos entre los años 2016 y 2020.
Este paquete de fiscalización posterior incluye contratos individuales por montos significativos que oscilan entre los 5 millones, 6,5 millones, 11 millones, 32 millones y hasta 45 millones de bolivianos. El viceministro aclaró que estas 51 adjudicaciones complementarias ingresarán a un peritaje técnico integral e independiente para corroborar si el patrón de presunto favorecimiento ilegal se replicó en otros proyectos de infraestructura o equipamiento del sector de telecomunicaciones.
IP/RDC
