- Tras una maratónica jornada en la capital pandina, el Ejecutivo nacional y los nueve ejecutivos departamentales concertaron el diseño de un nuevo modelo de coparticipación tributaria y alivio financiero.
- El acuerdo estructural incluye la devolución del 12% de retención del IDH, una nueva Ley de Relacionamiento Internacional para captar créditos externos y la eliminación burocrática del “Estado-tranca”.
Cobija, Innovapress, 12 oct 2026. — El norte amazónico del país se convirtió este lunes en el escenario del mayor consenso autonómico de la última década. El Gobierno y los gobernadores de los nueve departamentos concluyeron de forma exitosa el duodécimo encuentro intergubernamental de la denominada Agenda 50/50 la redacción conjunta de un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional a más tardar el próximo 6 de noviembre.
El instrumento jurídico, que busca reemplazar los viejos y fallidos esquemas de pacto fiscal del pasado, redefinirá la asignación económica nacional bajo estrictos criterios de sostenibilidad, eficiencia y descentralización administrativa.
Conclusiones
Las conclusiones y los alcances del histórico acuerdo fueron oficializados al finalizar la tarde por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien detalló que el Poder Ejecutivo asumió el compromiso formal de presentar una propuesta base redactada en limpio hasta el 30 de octubre de 2026.
Dicho borrador técnico será sometido a una última mesa de debate político similar a la desarrollada en Cobija antes de su envío al Legislativo.
“Hemos acordado que hoy los equipos continuarán trabajando y lo van a hacer hasta que logremos un proyecto de ley especial de coparticipación tributaria y distribución de recursos fiscales con base en criterios de sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, régimen competencial y eficiencia asignativa”, precisó.
Alivio del IDH y finanzas departamentales
Uno de los logros más significativos para el bloque de gobernadores radica en la decisión de modificar la Ley 767, norma referida al Fondo de Promoción para la Inversión y Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
El ministro anunció que se revisará de forma prioritaria el mecanismo que actualmente retiene el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las regiones. La reforma de este fondo inyectará liquidez inmediata para mejorar los balances fiscales subnacionales y fortalecerá la capacidad de las gobernaciones para calificar y acceder a financiamientos directos de organismos multilaterales.
Asimismo, se estipula el entierro de la actual Ley 699 para dar paso a una nueva ley básica de relacionamiento internacional. Esta herramienta facultará legalmente a los gobiernos autónomos departamentales para gestionar de forma directa cooperación internacional, inversiones extranjeras, transferencia tecnológica y financiamiento de grandes proyectos concurrentes, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ampliación de tributos y desarticulación del “Estado-tranca”
Para combatir la asfixia fiscal que aqueja a las regiones debido a la merma de las regalías tradicionales, las comisiones técnicas pactaron acelerar las modificaciones a la Ley 154 de impuestos departamentales, ampliando el universo de recaudación propia de cada gobernación.
En el ámbito de la gestión territorial, el nivel central y las administraciones departamentales instalarán mesas técnicas permanentes y gabinetes territoriales específicos en las áreas de salud, educación, desarrollo productivo, minería y energía.
El cronograma fija que a partir del 26 de octubre el Órgano Ejecutivo empezará a emitir una serie de decretos supremos e instrumentos legales orientados a acelerar la ejecución de obras pendientes, materializando de esta forma la doctrina política del presidente Rodrigo Paz de eliminar el burocrático “Estado-tranca” que frena la inversión pública.
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