- Habrían más de 2.000 funcionarios del sector público con ingresos mensuales por encima de los Bs 20.000.
La Paz, Innovapress, 17 oct 2026. — Una fiscalización parlamentaria puso al descubierto la existencia de remuneraciones extraordinarias dentro de las empresas estratégicas del Estado. La diputada por la alianza Libre, Adriana Jiménez, ratificó sus observaciones tras analizar los reportes financieros que le remitieron formalmente los ministerios de Minería y Metalurgia, además de la cartera de Hidrocarburos y Energía.
La legisladora aseguró que la documentación obtenida cuenta con todo el respaldo institucional del Órgano Ejecutivo, lo que valida las observaciones realizadas al manejo presupuestario en las entidades públicas. “Ahora ya con las planillas oficiales remitidas (…) con las firmas adecuadas para sustentar estas denuncias”, sostuvo Jiménez en declaraciones a los medios de comunicación.
De acuerdo con el análisis de los datos recabados, el aparato estatal sostiene a más de 2.000 dependientes con sueldos que superan los Bs 20.000. El escenario se complejiza en los niveles jerárquicos y técnicos especializados, donde un grupo aproximado de 470 trabajadores percibe remuneraciones globales que oscilan entre los Bs 30.000 y los Bs 88.000 cada mes.
El informe detalla que los ingresos más elevados se concentran en las filiales de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). El caso más llamativo corresponde a un operario perforista de la Empresa Minera Huanuni, cuyo ingreso total consolidado alcanza los Bs 88.041.
Situación similar se detectó en el sector eléctrico, específicamente en la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y en la distribuidora Elfec, donde las planillas exponen sueldos individuales por encima de los Bs 40.000.
Para la legisladora, resulta contradictorio que las recaudaciones fiscales se utilicen para cubrir planillas que consideran desproporcionadas en la actual coyuntura. “Una persona que percibe su remuneración a través del pago de los impuestos de los bolivianos (no) podría generar sueldos de esta clase”, manifestó.
La representante nacional recordó que si bien existen normas generales que regulan los topes salariales en la administración pública, decretos posteriores otorgaron excepciones financieras especiales a los complejos productivos del Estado.
En su criterio, ninguna escala salarial institucional debería rebasar los ingresos asignados al Presidente del Estado, motivo por el cual propuso a inicios de año una ley de racionalización económica.
Esta propuesta legislativa busca eliminar los privilegios salariales en firmas descentralizadas, autárquicas y estratégicas, obligándolas a adecuarse al techo presupuestario del mandatario. Sin embargo, la propuesta se encuentra paralizada temporalmente. “Mi proyecto de ley sigue en consulta en el Ejecutivo”, confirmó Jiménez.
La investigación de la diputada pretende expandirse a otros sectores de las telecomunicaciones y la industria pesada. En el caso de Entel, indaga reportes sobre ingresos que rozarían los Bs 80.000, mientras que en la Planta de Amoniaco y Urea existen alertas sobre contratos de consultoría externa que superarían los Bs 200.000. La parlamentaria aclaró que estos últimos puntos se mantienen como denuncias en revisión hasta que las empresas liberen los comprobantes oficiales solicitados.
Debido a las trabas administrativas para acceder a los datos de las corporaciones del Estado, la fiscalizadora debió recurrir a mecanismos de presión constitucional. A la fecha, ya se tramitaron cerca de 70 peticiones de informe escrito destinadas a transparentar la gestión de estas entidades.
Finalmente, la diputada advirtió que recurrirá a las instancias parlamentarias más drásticas si los ministros del área persisten en demorar la entrega de los documentos requeridos. “No hay transparencia; en realidad lo que se busca es ocultar la información para que no sea de conocimiento público”, sentenció Jiménez, ratificando que mantendrá las acciones legales y legislativas hasta consolidar una estructura de austeridad en el sector estatal.
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