– El Tribunal argumentó que Áñez al ser senadora transgredió los procedimientos en la Asamblea Legislativa teniendo conocimiento de ellos para proclamarse Presidenta de Bolivia. Se abrió un periodo de 15 días para la apelación.
La Paz, Innovapress, 15 jun 2022.- El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dio lectura en su integridad de la sentencia ratificando 10 años de condena para la expresidenta Jeanine Áñez a cumplir en el penal femenino de Miraflores en La Paz.
La lectura de la sentencia comenzó pasada las 16:00 de este miércoles y se prolongó hasta pasadas las 21.15. El Tribunal detalló los pormenores del dictamen que procesó en la vía ordinaria a la exmandataria por los delitos de Incumplimiento de Deberes y Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las leyes.
De esa manera, los miembros del Tribunal cerraron el caso Golpe de Estado II aunque dejaron un margen de 15 días para la presentación de apelaciones tanto del Ministerio Público como a los otros imputados.
El Tribunal argumentó que Áñez al ser senadora transgredió los procedimientos en la Asamblea Legislativa teniendo conocimiento de ellos y autoproclamarse Presidenta de Bolivia.
La etapa de alegatos se cerró luego de las declaraciones de la expresidenta Jeanine Áñez y de los exjefes militares Pastor Mendieta y Flavio Arce. Áñez insistió en caso de corte o juicio de responsabilidades.
La Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno y la Cámara de Senadores se constituyeron en parte acusadora y demandaron 15 años de privación de libertad para los otros seis procesados.
Williams Carlos Kalimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía respectivamente recibieron similar condena de 10 años en rebeldía.
Por su parte, el abogador defensor de Áñez, Luis Guillen, se refirió a las declaraciones del relator de la ONU, Diego García-Sayán, quién observó el accionar de la justicia y las acciones políticas del MAS que posibilitaron una decisión política para someter a Áñez a un juicio ordinario.
El jurista aseguró que en esas declaraciones se evidencia que en Bolivia no existe una independencia judicial sino un fraccionamiento al estado de derecho además de una concentración de poderes, lo que se considera nefasto para la justicia boliviana.
“Durante todo el proceso hemos tenido a voceros, como el ministro de Justicia (Iván Lima) y al Órgano Ejecutivo, se los dejó participar en el juicio y eso no era admisible”, expresó.
El 10 de junio, el Tribunal Primero de Sentencia dictaminó 10 años de cárcel asegurando que las pruebas presentadas en el juicio oral fueron suficientes para que los miembros del Tribunal tengan la “plena convicción” sobre la participación y responsabilidad penal de los acusados.
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