-Según el ente que aglutina a los municipios del país el encuentro tuvo “motivaciones políticas” con el fin de “mal informar a la población y manipularla en su beneficio”.
Santa Cruz, Innovapress, 1 oct 2022.- La Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) observó una “manipulación política” del cabildo encarado en Santa Cruz y espera que las autoridades electorales tomen acciones al respecto.
Para la FAM en el censo en el que se emplaza al Gobierno hasta el 21 de octubre para fijar fecha del censo en 2023 es una “utilización política que se hace del cabildo”.
La institución reconoce que los cabildos son “mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa” que permite a los ciudadanos pronunciarse sobre “políticas y asuntos de interés colectivo”.
Según la FAM el cabildo “deber ser realizada por ciudadanos y no por autoridades políticas” y el cabildo fue “una movilización política”.
Asimismo, observa que el cabildo no dio condiciones para el debate ni el disenso al desarrollarse el mismo en “un marco de politización”.
Establecen que el cónclave respondió “a un proceso de sicología de masas a través de la manipulación mediática y la presión social”.
Añade que la parte central de los discursos enfocó en las tres preguntas que el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, presentó a los asistentes.
La FAM cuestiona las voces “poco honestas” que “han señalado que al contar con la presencia de observadores del Tribunal Electoral Departamental tendría un carácter obligatorio”.
Insiste en “motivaciones políticas” con el fin de “mal informar a la población y manipularla en su beneficio”.
Denuncia la falta de “honestidad pública” en la convocatoria y considera que la convocatoria estuvo enfocada en un solo punto, que tiene que ver con la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023. Pero “de manera engañosa” respondiendo a “decisiones políticas” se han incluido otras siete demandas que no tienen relación con el referido punto.
La última se refiere a “las determinaciones del cabildo no podrán afectar los derechos de la población en su conjunto” y puntualiza, entre otros, el derecho al trabajo y al libre tránsito señalando que la intención de los organizadores del mismo pretende “perjudicar a la población y el arduo trabajo de reactivación económica del país”.
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