-Con diferentes peticiones, pero los más coinciden en el pedido de censo en 2023.
La Paz, Innovapress, 5 oct 2022.- Una espiral de conflictos sociales se fueron desencadenando en los últimos días que ahora asedian al Ejecutivo, con distintos pedidos, pero la exigencia de censo en 2023 es el común denominador, postura que cobró fuerza después de la realización del cabildo en Santa Cruz.
Varios son los frentes y escenarios de movilizaciones que debe atender y resolver la administración del presidente Luis Arce, a pesar de que el propio Jefe de Estado, Luis Arce, ya indicó “que existen afanes de desestabilización a su Gobierno”, lo advirtió recientemente en Sacaba-Cochabamba.
Ponchos Rojos
Los Ponchos Rojos, dirigentes agrarios de la provincia Omasuyos, están en emergencia ante la falta de atención a su pliego petitorio de 41 puntos, buscan, entre otros, la construcción de un hospital de tercer nivel, una universidad autárquica, internet para la provincia, entre otras.
A principios de septiembre, los campesinos de Omasuyos advirtieron con restar su apoyo al Gobierno si las autoridades no cumplían con el pliego petitorio. “También pedimos la creación de instituciones castrenses en la provincia Omasuyos, un Colegio Militar Indígena Aymara para que puedan formarse los oficiales de alto rango”, expuso el dirigente Ruddy Condori.
Gremiales
La Confederación de Gremiales de Bolivia resolvió, luego de un ampliado, exigir que el censo sea en 2023. “El Gobierno lo está postergando para el año político y año electoral”, sostuvo el ejecutivo, Francisco Figueroa que ratificó que su sector está en emergencia.
Añadió que, mediante el censo, podrán determinar el número exacto de gremiales formales e informales en el país. “Nosotros calculamos que tenemos dos millones de gremiales inscritos, pero queremos saber si es esa la cantidad o, es más. Mientras el Cedla dice que el 85% de la población boliviana, nosotros queremos que el censo sirva para eso”, expresó.
Adepcoca
Similar es la postura de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que exigen que el censo sea en 2023. La dirigente Rosalba Vargas, anunció un cabildo para el próximo 10 de octubre, cuando se definirán las medidas de presión.
“Como todo boliviano estamos susceptibles que hubo un rechazo y que no estuviera bien que el censo se lleve a cabo el 2024. El censo tiene que ser lo más pronto posible, pero un Cabildo va determinar y vamos a coincidir para que sea el 2023”, advirtió al indicar que un proceso censal, dará la cifra exacta de los pobladores que tiene los Yungas en la actualidad.
Comcipo
El cese a la explotación minera en el Cerro Rico de Potosí, la defensa del litio y el censo para 2023, son las demandas que enarbola el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que recientemente encaró una marcha en la capital potosina.
“Creemos que el censo es fundamental, primero para hacer una planificación de desarrollo en el tema de salud, educación, en el tema producción (…). Por eso exigimos que el censo se haga el 2023 y que deje de ser un instrumento de manipulación política”, según Crisólogo Alemán, dirigente de Comcipo.
Bloqueo en Mora
Un bloqueo en la ruta internacional a Argentina cerca de la comunidad Mora en el trayecto a Yacuiba se registra por pobladores que exigen la titulación de sus tierras. Aseguran que no levantarán la medida hasta que el Gobierno central les conceda tierras.
Manifiestan que hasta la fecha el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no les ha dado ninguna respuesta a su solicitud escrita y enviada en más de 3 oportunidades.
«Es más nos ha dicho que no somos gente de Mora, nos sentimos ignorados y marginados», coincidieron los dirigentes, advirtiendo que, si no los atienden, el bloqueo será indefinido.
Magisterio
El magisterio de La Paz exige al Gobierno la abrogación de los decretos supremos 4716 y 4783, desconfían que el Gobierno tenga la plena administración de la Gestora Pública sobre los ahorros de jubilación.
“El magisterio se va a movilizar con horarios alternos. A las 9:00 se concentrarán las unidades educativas que trabajan en la tarde para el bloqueo de las mil esquinas y a las 14:30 los que trabajan en el turno de la mañana”, declaró el dirigente José Luis Álvarez.
De esta manera ratificarán sus cuestionamientos a que la Gestora Pública sea administrada por el Gobierno. “Exigimos la abrogación de los decretos supremos 4716 y 4783”, añadió.
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