– Ese órgano señala que en todo momento tutela el uso efectivo y ejercicio pleno de los derechos fundamentales a favor de los ciudadanos bolivianos.
Innovapress, 17 mar 2021.- Ante versiones que circulan a nivel interno y externo en el país en sentido de que en Bolivia no existen garantías de un debido proceso, especialmente en el caso de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) garantizó la independencia de este poder del Estado.
“Ante la sociedad boliviana y la Comunidad Internacional (el TSJ) manifiesta su pleno compromiso por el respeto a los derechos Constitucionales y garantías jurisdiccionales, pero principalmente expresamos y ratificamos plenamente nuestra independencia judicial; que es ejercida por cada Juez o Tribunal del territorio boliviano”, se señala en un comunicado oficial del TSJ.
Ese manifiesto institucional de la Sala Plena surge tras cuestionamientos de líderes de oposición e incluso del secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien denunció que el sistema judicial boliviano “no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso”.
El TSJ añade que “en todo momento tutela el uso efectivo y ejercicio pleno de los derechos fundamentales a favor de los ciudadanos bolivianos y reprocha los actos jurisdiccionales que impliquen inobservancia a la Constitución y la ley, sobre todo que deriven de intromisiones internas y externas que afecten la independencia judicial y soberanía del Estado”.
Más adelante añade que el Órgano Judicial ratifica la obligación constante de combatir la impunidad en todos los casos sometidos a juzgamiento, procurando que cada autoridad e instancia judicial, ejerza adecuadamente celeridad, debido proceso, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, “como principales pilares que cimientan la administración de justicia, en la supremacía de velar por los derechos del justiciable, apegada a la igualdad y verdad material”.
El comunicado oficial del TSJ recuerda que la legislación boliviana “prevé un marco garantista y proteccionista, a la que debe apegarse todo juzgador, que facultan al ciudadano que se sienta amenazado, suprimido o restringido de sus derechos, a poder no sólo acudir ante la autoridad judicial ordinaria en busca de reparo, sino a una Justicia especializada que vele por el cabal y correcto garantismo de los derechos humanos”.
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