-Recuerda que está en vigencia la Ley de Imprenta de 1925 para procesar e investigar a periodistas.
Innovapress, 25 abr 2021.- La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce solicitó un informe a la jueza Sofía Camacho que determinó iniciar procesos penales a periodistas de 13 medios de comunicación por haber dado seguimiento al caso de las agresiones del abogado Jhasmani Torrico.
“La actuación de la jueza da mucho que desear y quisiera pedir a los jueces que están manejando este caso actúen con coherencia y que se ocupen de hacer su trabajo por el cual están ahí. Estamos pidiendo desde mi comisión este informe para que ella (la jueza) pueda explicarnos cuál ha sido la razón que derive en este proceso a los 13 medios de comunicación”, agregó.
Arce afirmó que no debe haber ningún tipo de inclinación a favor del encausado Torrico quien fue beneficiado con detención domiciliaria porque de lo contrario se actuaría en contra de la libertad de expresión.
“Los medios de comunicación están cumpliendo su labor correspondiente de informar a la población, está vigente la Ley de Imprenta y es necesario que ellos (los periodistas) cumplan con su trabajo, nosotros estamos haciendo el seguimiento y ya hemos pedido un informe correspondiente de cuál ha sido la causa para que se inicien procesos a esos medios y cuales han sido las pruebas que se han presentado”, afirmó.
Dijo que para iniciar procesos a los medios de comunicación tendrían que haber emitido informaciones erradas o erróneas y donde exista alguien que haya resultado perjudicado. “Pero he podido ver que esto no ha sido así”, enfatizó la senadora Arce.
La jueza Sofía Camacho, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, dio curso a la petición del abogado Jhasmani Torrico para iniciar procesos penales a periodistas por difamación, calumnia e injuria, al haber informado y dado seguimiento al caso que involucró a este abogado en un escándalo público por agresiones en el ejercicio de su profesión.
El 25 de febrero pasado, Torrico obtuvo una sentencia a seis años y seis meses de presidio por los delitos de secuestro, tortura y extorsión a un mecánico, en 2019, para que firme un documento en el que aceptaba haber recibido la inexistente suma de 20.000 dólares por un anticrético.
Sobre este caso, también se pronunció la Defensoría del Pueblo advirtiendo que este tipo de actos constituyen medios judiciales de amedrentamiento para el sector de la prensa y de limitación a la libertad de expresión.
El Ministerio de Justicia también aseguró que se encuentra vigente la Ley de Imprenta de 1925 y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución y por la Convención de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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