-El Ministerio de Justicia observa una “responsabilidad solidaria” de la exmandataria y de sus ministros. La compra del material no letal fue avalada por tres decretos supremos (DS 4090, DS 4116 y DS 4168) firmados por el gabinete en pleno. Justicia pidió la citación de Áñez y de sus ministros ante la Fiscalía.
Innovapress, 31 may 2021.- El Ministerio de Justicia pidió ampliar la denuncia a todos los ministros de la expresidenta Jeanine Áñez por el desvío de 2,3 millones de dólares en la compra y adjudicación de gases lacrimógenos en 2020 en una “responsabilidad solidaria”, al margen que el pleno del gabinete firmó tres decretos supremos que avalaron ese procedimiento a la cabeza de la exmandataria.
El viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que ese despacho hizo una solicitud de declaración como testigos -por el momento- de quienes firmaron los decretos cuestionados desde el DS 4090, DS 4116, y DS 4168.
“Me refiero a todo el gabinete ministerial y la propia expresidenta Jeanine Áñez que tienen responsabilidad quienes explicarán no a través de los tuis, ni los medios de comunicación, sino a través de las autoridades competentes como son los fiscales, cuales han sido sus participaciones en la compra irregular de gases lacrimógenos que ocasionaron un grave daño económico al Estado y además con delitos investigados por otros países”, declaró.
“La CPE establece en su artículo 165, parágrafo II que las determinaciones adoptadas en Consejo de ministros son de responsabilidad solidaria. La Señora Áñez y sus excolaboradores deben explicar ante la @FGE_Bolivia las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos” (sic), escribió el ministro de Justicia, Iván Lima en su red social Twitter.
En Estados Unidos (EEUU) el exministro de Gobierno Arturo Murillo cumple una detención a raíz de una investigación del Departamento de Justicia de ese país y de la Policía Federal de Investigaciones (FBI) junto a su inmediato colaborador Sergio Méndez además de empresarios estadounidenses por el delito de conspiración para el lavado de dinero que provienen del desvío que tuvo como propósito la compra de material no letal.
“La compra de gases lacrimógenos con sobreprecio millonario en plena pandemia, fue justificada con tres decretos supremos (DS 4090, DS 4116 y DS 4168) que fueron firmados por Jeanine Áñez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la @FGE_Bolivia que los convoque a declarar” (sic), señala en otro mensaje el Ministerio de Justicia.
Además, otro agravante, según Justicia, fue que después de haber sido censurados por este caso, los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, de Defensa, fueron ratificados en los cargos cuando correspondió su inmediata destitución, ahí la responsabilidad de Áñez.
“Los exministros @ArturoMurillo y @Ferlopezjulio1 fueron censurados en el Legislativo, pero @JeanineAnez los ratificó en un acto de desacato y burla en la CPE. Le pedimos que explique por qué mantuvo en sus cargos a los operadores de la compra de gas lacrimógenos con sobreprecio” (sic), citó Lima.
Entre tanto, el viceministro Siles explicó que, en contra de Arturo Murillo, existe una multiplicidad de procesos iniciados en Bolivia.
Este caso gases lacrimógenos data desde enero -añadió- y recientemente se abrió otro denominado caso gases lacrimógenos 2, específicamente sobre legitimación de ganancias ilícitas con la aprehensión de varias personas y también existen otros procesos por las muertes de Senkata y Sacaba, al margen del proceso en EEUU por soborno y lavado de activos.
“Es importante la intervención de las autoridades jurisdiccionales, de la Fiscalía y de la Policía y del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos a nuestra justicia boliviana porque tenemos el caso gases abierto desde enero y no tenemos una imputación al señor Murillo, pero existe una etapa de investigación con demasiada lentitud, demasiada pasividad lo que es una llamada de atención”, afirmó Siles.
Afirmó que el caso gases 1 y el caso Senkata y Sacaba también alcanza al exministro de Defensa Luis Fernando López para quien aún no se presentó la solicitud de extradición del Brasil, sino sólo las alertas migratorias y en esa lógica corresponderá a las instituciones llamadas hacer la solicitud porque es posible la extradición en el marco del Tratado de Extradición del Mercosur con el vecino país.
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