- El gobernador Juan Pablo Velasco propuso modificar la Ley 400 para dotar de armamento regulado a empresas de seguridad, ganaderos y librecambistas ante el avance de las mafias brasileñas.
- La Gobernación cruceña exige además subordinar los comandos policiales departamentales al mando de los gobernadores para sepultar el centralismo del Ministerio de Gobierno.
Nelson Martínez, corresponsal
Santa Cruz de la Sierra, Innovapress, 14 oct 2026. — La alarmante escalada del crimen organizado transnacional —que el pasado fin de semana sacudió a la capital oriental con el atraco armado a Patio Design y el posterior sicariato del expiloto de Sebastián Marset— ha provocado una inédita contraofensiva institucional. El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz rompió los esquemas tradicionales de la seguridad pública al plantear formalmente una profunda reforma legal que autorice la portación controlada de armas de fuego en el sector privado y una reestructuración constitucional para que la Policía Boliviana pase a depender directamente de los gobiernos subnacionales.
El planteamiento busca desmantelar el centralismo operativo ante un escenario donde las bandas delictivas del Primer Comando de la Capital (PCC) superan en tecnología y logística a las fuerzas locales.
Modificación de la Ley 400 y el armamento privado
La primera gran propuesta articulada desde el Ejecutivo departamental apunta a arrasar las restricciones civiles de la actual Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, además de adecuar la Ley 264 de Seguridad Ciudadana.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, justificó la urgencia de la reforma revelando que el departamento cuenta con una presencia crítica de menos de 6.000 efectivos policiales para proteger a toda la población, una cifra insuficiente frente al tamaño geográfico y demográfico de la región.
“Necesitamos que las empresas de seguridad privada también puedan portar un calibre de armas permitidas, con su respectivo registro. Son cambios que se tienen que hacer en el Congreso y para eso estamos trabajando”, argumentó Velasco.
La iniciativa, complementada técnicamente por el director de Tecnología, Juan de Dios Villarroel, contempla extender los permisos de porte legal a los ganaderos en las provincias y activar mesas de evaluación para dotar de armas de defensa reguladas a los librecambistas, sector crónicamente golpeado por atracos armados.
Por su parte, el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, validó el proyecto aclarando que la medida se aplicará bajo filtros rigurosos, exigiendo una estricta “investigación de antecedentes penales, capacitación y una preparación psicológica altamente controlada”.
Descentralización policial
El segundo eje de la propuesta cruceña apunta al corazón del Ministerio de Gobierno. Velasco propuso formalmente que los comandos departamentales de la Policía Boliviana dejen de responder de forma exclusiva a La Paz y pasen a subordinarse directamente a las directrices de los gobernadores, emulando el marco competencial que regía la seguridad ciudadana cuando existían las Prefecturas del país.
Para el mandatario departamental, el centralismo administrativo impide responder con inmediatez a la delincuencia de alta peligrosidad, especialmente en las provincias fronterizas limítrofes con Brasil como San Ignacio de Velasco y San Matías, donde el narcotráfico y el tráfico de armas ganan terreno debido a la precariedad de los equipos con que cuentan las patrullas policiales frente a las armas de asalto de los delincuentes.
La Gobernación cruceña anticipó que esta propuesta será trasladada de forma inmediata ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, buscando forzar un debate estructural para incrementar los recursos de inversión en seguridad pública y obligar al Estado a reforzar las fronteras antes de que las organizaciones criminales ganen por completo la batalla por el control territorial.
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