- Luego de su deportación en los Estados Unidos debe rendir a la Justicia en territorio boliviano por diversos casos.

La Paz, Innovapress, 3 sep 2025.- El exministro de Gobierno Arturo Murillo será aprehendido apenas pise suelo boliviano, luego será llevado ante un juez y finalmente remitido a la cárcel, debido a los múltiples procesos judiciales que enfrenta, dos de ellos con sentencia condenatoria, informó el miércoles, radio Fides.
El abogado Frank Campero, explicó que Murillo será deportado desde Estados Unidos el miércoles y llegará al país la madrugada del jueves 4 de septiembre (04.30) en un vuelo comercial tras cumplir una condena por lavado de dinero en el caso de la compra con sobreprecio de agentes químicos por 2,3 millones de dólares.
Además, será notificado por otra causa relacionada con difamación y calumnias, tras haber señalado públicamente a Lourdes Pacheco como autora del rapto de la bebé Samantha.
Murillo obtuvo su libertad el viernes 20 de junio de una cárcel federal en Estados Unidos y trasladado a un centro de migrantes en Florida.
El 4 de enero de 2023, había sido condenado a 70 meses de prisión por conspiración para el lavado de dinero y corrupción, en un caso vinculado a la compra de material antidisturbios con una empresa estadounidense durante el gobierno de transición que presidió Jeanine Áñez.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó que se espera la notificación oficial de la justicia de Estados Unidos sobre la situación de Murillo y su posible deportación a Bolivia.
Murillo aún permanece bajo resguardo de la autoridad judicial en un recinto de detención preventiva a la espera de la resolución judicial.
Ante la posibilidad de que Murillo solicite ser deportado a otro país de Centroamérica, Condori precisó que esa decisión corresponde a la autoridad judicial estadounidense.
El objetivo del Gobierno, según el Procurador, es garantizar que Murillo retorne a Bolivia para responder a la Justicia por los ilícitos que se le atribuyen.
De acuerdo con el Ministerio Público, Murillo enfrenta al menos ocho procesos penales en Bolivia, dos de los cuales ya cuentan con sentencia condenatoria, entre ellos el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos durante el gobierno de Áñez entre 2019 y 2020.
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