- Se trata de una compensación económica (unos $us 12 millones) que devienen de gestiones pasadas. Aquí los argumentos -según la británica- que busca se le pague.
La Paz, Innovapress, 21 ago 2025.- El bufete internacional de abogados King & Spalding, que representa a BG Overseas Limited (“el inversor”), hizo llegar una Notificación de Disputa al presidente Luis Arce, el 5 de agosto, por una serie de “medidas ilegales” que el Estado boliviano asumió contra la petrolera Shell Bolivia Corporation (SBC), propiedad 100% del inversor.
La defensa de la petrolera solicita la aplicación del Convenio sobre el Fomento y la Protección de Inversiones de Capital suscrito entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de la República de Bolivia, firmado en 1988.
En 2013 Shell presentó un arbitraje comercial contra Bolivia, que fue resuelto a favor de la compañía inglesa, que debía recibir un pago de $us 12 millones. Sin embargo, un juez de materia civil anuló ese laudo y en 2015 se notificó a las partes.
El pleito internacional implica seis medidas que Shell considera ilegales.
La primera, el “Abuso de Autoridad Pública en relación a los tres contratos de operación que tiene la petrolera en el país, “con la promulgación y aplicación de medidas legales y regulatorias diseñadas para reducir los rendimientos y la rentabilidad de la inversión de Shell con el fin de favorecer a YPFB”.
La segunda, la anulación “ilegal” de un laudo arbitral favorable a SBC, por parte de tribunales de justicia bolivianos. “Esta actuación constituye una violación de la obligación de Bolivia, prevista en el Tratado, de otorgar al inversor un trato justo y equitativo y de no denegar justicia al inversor”.
La tercera, el incumplimiento de pagos “por varios millones de dólares estadounidenses adeudados a Shell por contratos comerciales celebrados con YPFB”.
La cuarta es la negativa a emitir documentación: “Bolivia se negó a emitir una documentación legalmente requerida que otorgara a SBC una liberación de responsabilidad final, total e irrevocable respecto de un contrato de operación”.
La quinta, la disposición ilegal de barriles de crudo de propiedad de SBC: “YPFB vendió ilegalmente miles de barriles de crudo, propiedad de SBC sin autorización ni consentimiento”.
Por último, Shell acusa persecución ilegal a sus ejecutivos a través del Ministerio Público.
La petrolera advierte que “en caso de que Bolivia no responda, o de que las discusiones no den lugar a una resolución amistosa de la controversia en el plazo de seis meses estipulado en el tratado, el inversor se reserva el derecho de someter la disputa al arbitraje internacional (…)”.
Procuraduría
Al respecto, el procurador general del Estado, Ricardo Condori, arguyó que en caso de ingresar a un diálogo con la empresa, se verificará “con mucha responsabilidad” la documentación necesaria, técnica, legal, administrativa y financiera.
“Responderemos la nota de manera fundamentada a la empresa Shell bajo el paraguas de que el Estado boliviano es un Estado pacifista (…). Según la nota, se habrían vulnerado derechos, eso es subjetivo. Cualquier persona puede decir subjetivamente que me han vulnerado X, Z derechos. Lo correcto es sentarnos en el diálogo, escucharlos y verificar qué derechos supuestamente se les habría vulnerado y en función de eso, si es correcto o no, se verificará en su momento”, planteó.
Explicó que no existe ninguna demanda de la petrolera Shell Bolivia Corporation, puesto que lo único que el Estado boliviano recibió fue una “notificación de disputa”, cuya documentación será analizada por las instituciones y empresas relacionadas con la posible controversia de inversión.
En ese marco, precisó que el país tiene un plazo de seis meses para recabar la documentación necesaria para emitir un criterio claramente fundamentado.
La autoridad precisó que el laudo con la trasnacional petrolera no es reciente, sino que deviene de pasadas gestiones de Gobierno, de 2013.
“Este laudo indicaba que el Estado boliviano debía pagar más de 12 millones de dólares. Sin embargo, las entidades facultadas presentaron la anulación del mismo, lo que implica que esos 12 millones de dólares quedaron anulados por un juez en materia civil en Bolivia, por lo tanto, no existe ninguna situación pendiente”, puntualizó el procurador.
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