- El reporte oficial de la Defensoría del Pueblo y de la Felcc advierte sobre un alarmante incremento de fatalidades laborales en los socavones.
- El alza en los precios internacionales de la plata y el estaño generó una nueva “fiebre de metales” que atrae a jóvenes y menores de edad, quienes operan sin contratos ni seguros de salud frente al colapso del Cerro Rico.
Potosí, Innovapress, 8 oct 2026. — La reactivación de una agresiva “fiebre de metales” en el altiplano boliviano avanza de forma paralela a un drama humano de proporciones críticas. Datos institucionales de la delegación regional de la Defensoría del Pueblo y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) confirmaron que, en los primeros nueve meses de 2026, al menos 120 personas han perdido la vida en accidentes laborales al interior de los socavones de Potosí. La cifra se aproxima de manera alarmante a los 121 fallecimientos totales con los que cerró la gestión de 2025.
La bonanza económica que experimenta el sector, impulsada por la cotización en ascenso del mineral de plata (que ronda valores históricos superiores a los 87 dólares por onza), ha transformado la actividad minera en un oficio altamente codiciado por la juventud boliviana. No obstante, los estudiosos advierten que detrás de los altos ingresos se esconde una red de informalidad laboral e inseguridad industrial que está devorando la mano de obra local.
Jóvenes y jornaleros en total indefensión
La delegada defensorial de Potosí, Jacqueline Alarcón, detalló que el perfil socioeconómico de las víctimas denota una problemática estructural cruda: la gran mayoría de los caídos son jóvenes de entre 17 y 28 años, e incluso menores de edad que ingresan a los túneles empujados por la necesidad familiar.
Asimismo, se ha documentado un incremento de muertes entre mujeres trabajadoras en centros artesanales como la cooperativa Tres Amigos.
El investigador minero Héctor Córdova explicó que el auge de precios ha masificado un esquema de contratación ilegal. Los socios cooperativistas —que controlan el 58% de la producción nacional de zinc, plomo y plata— delegan las tareas más peligrosas y profundas a “jornaleros” o peones contratados por turno.
Estos obreros independientes perciben ingresos de hasta 1.000 dólares mensuales (mantenidos por el repunte de los mercados), pero operan en condiciones de semiesclavitud, sin contratos formalizados, carentes de beneficios sociales y sin un seguro médico de emergencias que responda tras un siniestro.
El colapso estructural del Cerro Rico
Los informes de Bomberos de la Policía Boliviana atribuyen el repunte de muertes a la intoxicación por gases acumulados y, fundamentalmente, a los masivos desprendimientos de rocas en el Cerro Rico.
Tras cinco siglos de explotación continua, la cumbre del ícono nacional (declarado Patrimonio en Peligro por la Unesco) se encuentra tan perforada internamente por miles de galerías ilegales que su estructura sufre hundimientos y colapsos constantes.
El último evento de magnitud registrado en la mina 9 de Abril, sección Boca Mejora, provocó el desplome de una plataforma de más de 100 metros de longitud, cobrando la vida de varios operarios atrapados bajo toneladas de escombros.
La Defensoría del Pueblo alertó además que las 120 muertes oficiales configuran apenas una verdad parcial debido a la existencia de un subregistro penal sistemático, originado por cooperativas informales que pagan indemnizaciones directas y en secreto a las familias de los fallecidos para evitar la intervención de los fiscales y la clausura de las bocaminas.
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