- Penalizar la protesta social encuentra resistencia, la COB no va a permitir porque va en contra de reivindicaciones obreras históricas. Según la CIDH la protesta ‘es un elemento esencial de la democracia y una forma legítima de participación ciudadana’ y remarca que este tipo de actos deberían ser siempre ‘pacíficos y sin armas’.
Los mineros siempre protestaron en Bolivia con el uso de dinamita, ¿ahora se lo restringirá?/ Fotos: APG, EFE, Reuters, AP
Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 18 ene 2026.- Tres proyectos de ley en contra de los bloqueos se perfilan en la Asamblea Legislativa y al menos uno en contra del uso de dinamita mismos que ya encontraron el anuncio de resistencia en la dirigencia sindical, la Central Obrera Boliviana (COB) que anticipó con ganar las calles sobre lo que consideran “expresiones legítimas y reivindicativas” de la clase obrera en pro de la defensa de sus intereses.
En Bolivia, uno de los elementos más utilizados en diversas protestas es la dinamita, especialmente por sectores mineros.
El presidente Rodrigo Paz aseguró el jueves que “irán a la cárcel las personas que usen cachorros de dinamita” en las protestas sociales y pongan en riesgo la vida de otros ciudadanos.
La diputada Claudia Bilbao (PDC) confirmó que existen tres proyectos de ley contra los bloqueos, los cuales serán debatidos por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados en los próximos días.
“Tenemos que ver y revisar los tres proyectos de ley contra los bloqueos que mandaron un senador y dos diputados. Se revisarán, pero siempre iremos con la democracia que nos dice que todos pueden protestar, pero no afectar el derecho de otro”, apuntó.
Por su parte, la diputada Julieta Jiménez (Unidad) afirmó que estas normas proyectan sanciones para quienes bloqueen, por lo que se debe priorizar el tratamiento de la propuesta.
“Nosotros vamos a apoyar los proyectos de ley contra el bloqueo (…). Hay que tener mano dura y le exijo al Gobierno, ahora, que tenga mano dura. Tenemos cosas que puede hacer el Ejecutivo: puede poner medidas para controlarlos a estos señores; ya no tienen que hacer lo que hacían antes, que paros y bloqueos para pedir una cosa, ya no”, expresó.
Entretanto, la diputada Lissa Claros (Libre) aseguró que es fundamental el consenso.
“La población boliviana sufre las consecuencias de los bloqueos de estos grupos radicales que han cortado las carreteras. La más perjudicada es la población de a pie, que vive del día a día, y nosotros tenemos que avanzar, más que nunca, trabajando en la ley contra los bloqueos”, añadió la legisladora.
CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la protesta “es un elemento esencial de la democracia y una forma legítima de participación ciudadana” y remarca que este tipo de actos deberían ser siempre “pacíficos y sin armas”.
“Cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. En el mismo sentido, la Comisión reconoce que los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Sin embargo, al hacer uso de la fuerza en estos contextos, los Estados deben adoptar medidas proporcionales al logro de estos objetivos y no obstaculizar de manera arbitraria el ejercicio de los derechos en juego en las protestas”, certifica la CIDH.
COB
La COB advirtió con nuevamente retomar las protestas. El ejecutivo del ente sindical, Mario Argollo, señaló que en estos últimos días el Gobierno “está sacando decretos como casino” y que, además, se quiere “penalizar la última herramienta que tiene el pueblo”, el bloqueo de caminos y la protesta “constitucionalmente consagrados”.
Rechazó una posible ley antibloqueo, porque considera que es la herramienta de última instancia para las reivindicaciones populares.
“Es la última instancia que tenemos, nadie sale como loco y le gusta ir a bloquear un camino, pero cuando los gobernantes de turno hacen oídos sordos al pedido de las bases, lastimosamente es la última instancia que históricamente se ha tenido”, indicó.
Argollo consideró que, con estas decisiones, el Gobierno actúa de manera autoritaria y dictatorial “que no está permitido en un Estado democrático”.
Episodios funestos
Uno de los proyectistas, el diputado Carlos Alarcón (Unidad) recordó episodios de violencia en distintas movilizaciones, como cuando el exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes (+), fue asesinado el 2016 en Panduro en una protesta de mineros.
En el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en las denominadas masacres de Senkata y Sacaba se saldaron con decenas de muertos.
En 2025, Bolivia también sufrió un bloqueo que cercó Cochabamba e impidió el libre tránsito. En ese entonces, pedían la renuncia de Luis Arce; días después, enfrentamientos en Llallagua y Cochabamba provocaron la muerte de 4 policías y un civil.
En Santa Cruz, en 2022, se encaró un paro de 36 días con bloqueos de calles y carreteras demandando que se haga el censo de población y vivienda; durante esa medida de presión, la Defensoría del Pueblo registró más de 70 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos y anunció el inicio de investigaciones por la muerte de tres personas durante estas protestas.
Logros históricos
La COB ha logrado históricamente la defensa de derechos laborales como la Nacionalización de Recursos: Sus demandas históricas impulsaron la nacionalización de las minas y ferrocarriles, un pilar de la Revolución de 1952, que también incluyó la reforma agraria.
Recuperación Democrática: La COB ha sido fundamental en la lucha por la democracia en Bolivia, articulando demandas de obreros, campesinos y el pueblo organizado para restaurar el orden democrático.
Derechos Laborales: Luchó por la derogación de leyes antiobreras y la emancipación de los trabajadores, defendiendo sus derechos fundamentales y combatiendo la
Protección Laboral: Ha logrado políticas de inamovilidad laboral y la promoción de consejos obreros para fortalecer la defensa de los trabajadores, evitando persecuciones políticas.
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IP/RDC
