Controversia en la Asamblea Legislativa para iniciar la reforma judicial en Bolivia

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  • Hay quienes plantean ir a una elección en los cargos acéfalos a la par de una mayor asignación presupuestaria. Hay quienes ven que no se deben elegir jueces por ‘dedazo’, otros por ir a una elección con voto popular como manda la CPE.

La reunión del Ejecutivo, los presidentes de Diputados y Senadores y representantes del Órgano Judicial/ Senado

La Paz, Innovapress 2 jul 2026.- Una suerte de controversia se ha presentado en la Asamblea Legislativa para iniciar con la reforma en el Órgano Judicial y no pasa únicamente por aumentar los recursos del sistema, sino por garantizar su independencia mediante cambios constitucionales y una profunda reorganización de la administración de justicia.

Luego de una reunión entre los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores y el Órgano Judicial se convino este jueves en impulsar proyectos de ley para encaminar la reforma estructural en la administración de la Justicia y modificar el presupuesto que se le asigna a esa instancia.

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, indicó: “Lo que se ha acordado es trabajar en varias iniciativas legislativas y también con el Ejecutivo para ajustar el presupuesto viendo la posibilidad de recursos. Empezarán mesas de trabajo conjuntos y esperamos tener los resultados a la brevedad para mejorar la operación del Órgano Judicial”.

A decir de Ávila, las mesas técnicas analizarán los proyectos normativos que deben ser tratados en la Asamblea Legislativa, además se buscarán mecanismos para obtener recursos adicionales antes de aprobar la propuesta de asignar el 3% del PGE.

A la par, los jefes de bancada de las seis fuerzas políticas con representación legislativa y el vicepresidente Edmand Lara firmaron un acuerdo para ratificar que la elección de magistrados debe respetar el mecanismo previsto en la Constitución.

“Las fuerzas políticas que componen la Asamblea Legislativa no están de acuerdo con que se elija mediante decreto a los magistrados para los cargos acéfalos. La única forma de elegir magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia es a través de elecciones judiciales, no ha dedazos”, apuntó Lara.

Entre tanto, Ávila precisó que este tema también será abordado en las mesas técnicas por lo que se deben buscar alternativas para cubrir los cargos acéfalos debido a que el Estado no cuenta con recursos para encarar una elección judicial.

Son varias las propuestas que se ventilan para iniciar la reforma a la Justicia en Bolivia, la secretaria técnica de la Comisión de Constitución de Diputados, Kathia Saucedo explicó que la propuesta que está actualmente en análisis en el Legislativo consiste en elevar al 3% del Presupuesto General del Estado-PGE como asignación mínima para el Órgano Judicial, porcentaje que debería quedar protegido por la propia Constitución.

Como referencia, recordó que Bolivia destina apenas entre 0,33% y 0,40% de su presupuesto a la justicia, mientras Paraguay asigna alrededor del 2% y Costa Rica cerca del 6%, uno de los sistemas judiciales más reconocidos de América Latina.

Ejecutivo

El viceministro de Transparencia, Yamil García, indicó que la solución a las acefalías en el TCP y el TSJ recae en la Asamblea Legislativa, en medio de la controversia por un proyecto de ley que plantea designaciones interinas para cubrir esos cargos.

«Si no hubiera habido autoprórroga, no estaríamos ante esta complejidad de tipo constitucional. Ahora, ¿cómo se tienen que resolver los problemas de este orden? Pues a través de leyes. (…) existe lamentablemente un problema que ha sido provocado por los autoprorrogados, pero en todo caso, le corresponde al Legislativo analizar ahora qué solución se plantea», expresó.

García indicó que tiene conocimiento de al menos seis iniciativas legislativas orientadas a resolver las acefalías y remarcó que será la Asamblea la instancia encargada de evaluar las propuestas. En ese marco, señaló que el Ejecutivo fijará una postura cuando exista un proyecto concreto que haya avanzado en el tratamiento legislativo.

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IP/RDC

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