- Aunque aclara que no dejará pasar a los ‘narcoterroristas’. Fue suscrito un convenio para la canalización de obras públicas en El Alto.
El presidente Rodrigo Paz el miércoles en Casa Grande del Pueblo/ Oficina Presidencial
La Paz, Innovapress, 10 jun 2026.- Cuando es urgente la solución pronta de los conflictos, el presidente Rodrigo Paz se toma todo el tiempo y dice que seguirá insistiendo en el diálogo con los sectores en conflicto pese a que el pedido es invariable: “Renuncia”.
Así lo expresó el propio Paz, luego de un encuentro con el alcalde de El Alto, Eliser Roca, para la ejecución de obras en esa ciudad.
“Lo que sí no voy a dejar pasar es al narcoterrorismo. Sepan ustedes, lo he dicho en su momento, que sus días están contados”, ratificó.
Paz recordó que la Asamblea Legislativa sancionó la Ley de Estados de excepción “para hacer cumplir la Constitución”.
Pues “la Constitución, señor alcalde, dio un mandato claro para aquellos que son violentos o aquellos que irrumpen la tranquilidad de los bolivianos”, dijo Paz, después de que, minutos antes, Roca le pidiera públicamente que no decrete un estado de excepción.
El mandatario remarcó que su autoridad debe cumplir lo que manda la Constitución para preservar la democracia, pero también insistió una y otra vez en el diálogo.
El convenio que se firmó “es una señal del camino correcto: diálogo, diálogo, diálogo, diálogo. Dios bendiga a El Alto, Dios bendiga a La Paz. Gracias, los pasos se están dando. Dios mediante estos días serán muy importantes. La voluntad siempre será el diálogo, pero ahí tenemos el mandato de la Constitución y se están dando pasos importantes”.
“Pero también tenemos el amparo de la Constitución, ahora reforzada y reglamentada por la Ley de Estados de Excepción. Cuando uno es presidente, bajo el cobijo de la Constitución, debe cumplir lo que manda la Constitución para preservar la democracia”.
De su lado, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, pidió poner fin a los bloqueos y priorizar el diálogo para enfrentar la crisis que atraviesa el país, al considerar que las movilizaciones están generando graves perjuicios económicos y sociales para la población.
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IP/RDC
