- El Departamento de Estado de los Estados Unidos activó una restricción migratoria que alcanza a 12 altas autoridades y exfuncionarios judiciales de Bolivia, en el marco de la Iniciativa Escudo de las Américas.
La Paz, Innovapress, 28 sep 2026.- En lo que representa el mayor sismo diplomático en las relaciones bilaterales de los últimos años, el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció este lunes la revocación inmediata de visados para el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores.
La contundente medida, fundamentada por el Departamento de Estado, incluye acusaciones explícitas de presuntos vínculos con la protección de redes de narcotráfico y el favorecimiento a criminales violentos.
“Abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, consigna el lapidario informe oficial emitido desde Washington respecto a Mariaca.
La sanción no solo congela el estatus migratorio del titular del Ministerio Público, sino que hace extensiva la declaración de “inelegibilidad de ingreso” a su núcleo familiar directo.
La ofensiva del Departamento de Estado, impulsada bajo la línea del secretario de Estado, Marco Rubio, se ampara en la Iniciativa Escudo de las Américas. Según el documento, las supuestas acciones de permisividad judicial en el oriente boliviano “ponen en peligro los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo”, lanzando una dura advertencia contra lo que denominan el avance de la “narco-política” en la región.
La denominada “lista negra” estadounidense no se limita a la cúpula del Ministerio Público e incluye a otros 10 ciudadanos bolivianos entre jueces, fiscales en ejercicio y exautoridades nacionales.
En la nómina figuran nombres de alto perfil político como el del exministro de Justicia, Iván Manolo Lima Magne, el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero, y el coronel de la Policía Boliviana Frans William Cabrera Quispe.
El veto alcanza además a los fiscales superiores Martín Irusta Flores y Mauricio Nava Morales, junto a los administradores de justicia cruceños Albania Caballero, Rosario Flores y Rodrigo Vedia.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Fiscalía General del Estado en Sucre ni la Cancillería boliviana han emitido un pronunciamiento oficial respecto al alcance de las sanciones norteamericanas, las cuales coinciden tensamente con el retorno al país del presidente Rodrigo Paz tras consolidar una agenda de aproximación financiera con organismos internacionales en suelo estadounidense.
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