- Representantes del transporte pesado, gremiales y economistas sepultan el paquete de compensaciones de Rodrigo Paz. Afirman que indexar el litro a Bs 17,95 implicará un encarecimiento generalizado en la canasta familiar y los fletes de carga.
La Paz, Innovapress, 19 sep 2026.- La eliminación de la subvención al diésel decretada por el Órgano Ejecutivo desató una oleada de severas advertencias y rechazo unánime entre los sectores productivos, sindicales y especialistas en materia económica Coincidieron en que el “diéselazo cae sobre el pueblo”.
Pese al agresivo paquete de medidas compensatorias anunciado por el presidente Rodrigo Paz—que incluye la entrega del bono PEPE 2 y el incremento del beneficio Juancito Pinto—, diversos actores de la sociedad civil coincidieron en que el denominado “diéselazo” terminará siendo descargado de forma directa sobre las espaldas de la población y el consumidor final a través de un disparo incontrolable en el costo de la canasta familiar.
Las alarmas se encendieron de inmediato en las terminales de carga y los centros de abasto del eje central, donde las tarifas del transporte y el valor de los productos de primera necesidad comenzaron a reajustarse de manera preventiva ante la vigencia del nuevo precio base de Bs 17,95 por litro de diésel.
‘Los bonos son analgésicos para una fractura’
Desde el ámbito del análisis financiero, el economista, Jaime Dunn, desmitificó el alcance de los subsidios directos a la postura de Palacio Quemado. Dunn advirtió que la inyección de Bs 874 millones mediante bonificaciones temporales diluirá su impacto adquisitivo de forma inmediata ante la presión inflacionaria latente que indexará el nuevo valor internacional del carburante.
“El Gobierno intenta tapar el sol con un dedo. Los bonos como el PEPE 2 son analgésicos temporales para una fractura estructural; el verdadero impacto del diésel a Bs 17,95 se va a trasladar en cascada a toda la cadena de producción, alimentos y fletes. Al final del día, el costo total del ajuste fiscal lo va a pagar el ciudadano de a pie en los mercados”, diagnosticó.
El transporte pesado
La resistencia civil más dura comenzó a articularse en las federaciones del transporte nacional e internacional. El secretario ejecutivo de la Confederación del Transporte Pesado, Domingo Ramos, desestimó la efectividad de las líneas de crédito preferenciales al 6% ofrecidas por el Ejecutivo, señalando que la elevación del diésel triplica los costos de operación logística y paraliza la rentabilidad del sector.
“A nosotros no nos sirven los créditos si no tenemos condiciones para operar. Con el diésel costando casi 18 bolivianos el litro, las tarifas de los fletes se van a duplicar de la noche a la mañana. Ningún transportista va a trabajar a pérdida, y ese incremento va a caer directamente sobre las espaldas del pueblo que compra el arroz, el fideo y la carne en los mercados. Nos están empujando a la quiebra y al desacato”, alertó Ramos tras convocar a un ampliado nacional de emergencia.
Gremiales
En esa misma línea, el ejecutivo nacional de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Jesús Cahuana, advirtió que la eliminación del subsidio destruye el poder adquisitivo de los cuentapropistas y pequeños comerciantes minoristas.
Fustigó que el incremento de Bs 100 en el bono escolar resulta “insignificante” frente a la devaluación realizada en los surtidores viales.
“El incremento del Juancito Pinto no va a alcanzar ni para cubrir el alza de los pasajes y de las verduras de una sola semana. La realidad es que el diéselazo es un golpe directo al estómago de los más pobres. El pequeño comerciante que trae sus productos de las provincias va a tener que subir los precios de forma obligatoria para sobrevivir. El Gobierno eligió salvar sus cuentas sacrificando la economía de las familias bolivianas”, enfatizó el gremial.
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