- Advierte con iniciar proceso en su contra.
La Paz, Innovapress, 1 oct 2026. — Un choque de poderes se desató en la estructura estatal tras el relevo interno en la Fiscalía General del Estado. El Órgano Ejecutivo, a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, comunicó el desconocimiento de Luis Montaño como la máxima autoridad interina del Ministerio Público y anticipó la activación de mandamientos de aprehensión en su contra bajo cargos de supuesta usurpación de funciones y obstrucción a la justicia.
La postura gubernamental surge como reacción directa a la asunción de Montaño, quien tomó las riendas institucionales argumentando la necesidad de evitar un vacío de poder ante la detención de Roger Mariaca en el marco del denominado caso Marset.
Según la denuncia del Gobierno, la nueva jefatura de la Fiscalía habría procedido al bloqueo informático del sistema institucional de causas y promovido la remoción de los fiscales asignados para impedir la presentación de las imputaciones correspondientes contra Mariaca y otros 13 implicados.
Gálvez aseveró que los organismos de seguridad del Estado se encuentran en la búsqueda del funcionario judicial para su inmediata conducción ante los tribunales, advirtiendo que las determinaciones de la actual administración no tolerarán acciones que tiendan a favorecer o encubrir redes vinculadas al narcoterrorismo en los tres departamentos donde se ejecutaron los allanamientos.
“Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales, que de manera ilegal e ilegítima está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general”, manifestó el portavoz de Rodrigo Paz.
Prelación en debate
Desde la vereda contraria, Montaño justificó su legitimidad al frente de la Fiscalía General del Estado amparándose en su condición de fiscal superior de Crimen Organizado con mayor antigüedad. Desde Sucre, el Ministerio Público defendió la legalidad del nombramiento interino argumentando que cumple estrictamente con el orden de prelación estipulado en la Ley Orgánica de dicha institución frente a la ausencia definitiva del titular.
No obstante, el Ejecutivo rechaza la validez de dicha interpretación normativa y ratificó que la potestad exclusiva para dirimir la titularidad y la línea de sucesión del Ministerio Público recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, se espera que la Asamblea Legislativa defina el rumbo de la Fiscalía en la sesión de emergencia programada para la mañana de este viernes 2 de octubre.
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