- Los periodistas congregados en Cochabamba aprobaron un Manifiesto en el que recuerdan su compromiso con la democracia, la libertad de expresión y el derecho a la información. El respeto, vigencia y defensa de la Ley de Imprenta. Entre 2021-2025, se documentó 679 vulneraciones a la libertad de prensa.
Cochabamba, Innovapress, 26 oct 2025.- Tras la realización del foro: Libertad de expresión “Situación y perspectivas de la protección y la seguridad de periodistas en Bolivia” auspiciado y organizado por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) los periodistas, trabajadores de la prensa, asociaciones y federaciones del gremio aplaudieron el anuncio hecho por el presidente Rodrigo Paz de una nueva fase de relacionamiento.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, al término del cónclave, ponderó la actitud del mandatario.
“El mandatario electo, Rodrigo Paz ha anunciado que durante su gobierno compromete una relación fructífera con los medios de comunicación y los periodistas, queremos saludar esa declaración porque coincide con un documento en el que los periodistas y trabajadores de la prensa reunidos los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de Cochabamba reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la democracia, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información”, manifestó la directiva.
Siguió que el Bicentenario de Bolivia y el Centenario de la Ley de Imprenta son una ocasión para reflexionar sobre los logros y retroceso en la protección de la libertad de expresión y de prensa, así como para exigir el compromiso del Estado y convocar a la sociedad en defensa de estos derechos fundamentales.
“En el periodo 2021-2025, el Observatorio de Derechos Humanos de Unitas ha documentado 679 vulneraciones a la libertad de prensa, entre las que se cuentan agresiones físicas y psicológicas, amenazas de muerte, campañas de hostigamiento y presiones para levantar el secreto de fuente, criminalización, ciberacoso y acoso sexual”.
A esto se suma la situación de aguda precarización laboral que afecta a siete de cada diez periodistas.
El Estado se constituye, hoy, en el principal agresor de la libertad de prensa, mientras que el sistema judicial deja en la impunidad los atentados contra la integridad de periodistas y, en muchos casos, se presta a la criminalización del trabajo periodístico.
El caso “Las Londras” es la evidencia más bochornosa de esta impunidad.
Este marco sistemático de vulneraciones a la libertad de prensa tiene un propósito claro: silenciar al periodismo, inducir a la autocensura y, de esa manera, afectar el derecho colectivo a la libertad de expresión e información. No solo atenta contra los derechos de las y los periodistas y trabajadores de la prensa, sino que, además, violenta los principios elementales de la democracia y el derecho ciudadano a recibir información plural y veraz.
Por ello, Alanes dijo que las y los periodistas y los trabajadores de la prensa del país “exigimos la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública, indispensable para la transparencia, el control social y el ejercicio responsable del periodismo, y de una Ley de Protección a Periodistas, con mecanismos efectivos de prevención, protección y reparación”.
Asimismo, una auditoría integral independiente de los gastos en publicidad estatal y la aplicación de reglas transparentes y equitativas para su asignación, a fin de eliminar el uso político de la pauta oficial.
A tiempo de dejar sentada la defensa y vigencia de la Ley de Imprenta, Alanes convocó al nuevo gobierno, a la Asamblea Legislativa, a las instituciones del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil a promover un diálogo nacional para consolidar un marco democrático de garantías que proteja a quienes tienen derecho a ser informados y a quienes ejercemos el periodismo.
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IP/RDC
