En manos de la Fiscalía de Chuquisaca denuncia penal en contra de cinco autoprorrogados del TCP, la admitió

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  • Las magistradas denunciantes sostienen que la determinación vulneró la Constitución y prolongó de forma irregular funciones que debían concluir en 2023. El documento fue remitido al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de Chuquisaca.
Los cinco magistrados autoprorrogados en el TCP/ referencial

Sucre, Innovapress, 21 nov 2025.- La Fiscalía de Chuquisaca admitió este viernes la denuncia penal presentada por dos magistradas titulares Paula Prudencio y Amalia Villca contra cinco autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) acusados por los delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica. 

Las magistradas denunciantes sostienen que la determinación vulneró la Constitución y prolongó de forma irregular funciones que debían concluir en 2023.

Según la denuncia, los cinco autoprorrogados emitieron una resolución para ratificarse en el cargo y, en el documento, pusieron que sus otros cuatro colegas “no emitieron criterio alguno”.

La fiscal de materia Jenny Torrico, informó del inicio de la investigación preliminar, mediante un documento remitido al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer de Chuquisaca.

Es la segunda denuncia penal que se interpone por parte de altas autoridades judiciales contra los autoprorrogados.

En octubre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, presentó una por usurpación de funciones, pero se decidió descartar la vía penal, remitiéndose el caso a la Asamblea Legislativa para juicio de responsabilidades.

Los denunciados son: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.

La investigación se abrió por los presuntos delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 148 Bis y 199 del Código Penal.

La Fiscalía señaló que el Ministerio Público actuará “en estricta observancia del principio de obligatoriedad” y que el juzgado deberá ejercer control jurisdiccional.

Ambas cuestionan el Auto Constitucional Plurinacional 070/2025-O, emitido el 31 de octubre, el cual —afirman— fue aprobado en un ambiente de “completo hermetismo” y sin participación de los cuatro magistrados electos.

“Ya son dos años de prórroga en los que, de forma metódica, han frenado tres veces su salida, siendo parte y juez en su propio interés”, afirmó la magistrada Prudencio.

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IP/RDC

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