- Bolivia no olvida a los más de 30 muertos. El preludio del fin del gobierno de Sánchez de Lozada, ocho meses después terminó huyendo en la ‘guerra del gas’ por su intención de exportar gas natural a los Estados Unidos a través de un puerto chileno, Patillos.
Policías y militares intercambiaron balas en plena plaza Murillo hace 23 años/ arch referencial
Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 12 feb 2026.- «Febrero negro» o la “masacre de febrero” así se denominaron a aquellas jornadas violentas en el centro del poder político en La Paz, plaza Murillo, aquellas dos jornadas, el 12 y 13 de febrero de 2003, hace 23 años, el presidente de entonces Gonzalo Sánchez de Lozada pretendió imponer un impuesto al salario (12,5%) a receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para controlar el déficit fiscal.
Fue el preludio a la “guerra del gas” que en octubre del mismo año le costó la Presidencia a Sánchez de Lozada y tuvo que salir huyendo rumbo a los Estados Unidos, hasta hoy en día. La “guerra del gas” se saldó con más de 60 muertos.
El impuestazo al salario provocó el rechazo generalizado de la población, sindicatos y empresarios los que resistieron que el grueso de la población tenga que pagar un impuesto sobre su haber ganado. Fue una de las medidas de rechazo en democracia que el pueblo organizado dio pie en defensa de sus ingresos, pese a que el salario mínimo era de Bs 440.
¿Cómo se suscitó?
El sábado 8 de febrero de 2003, Sánchez de Lozada reunió a su gabinete para debatir el Presupuesto General y la modificación a la Ley Tributaria. Al día siguiente, envió al Congreso dos proyectos nuevos de impuestos a los hidrocarburos y al salario. “impuestazo”.
Las bajas fueron más en filas policiales
El lunes 10, estudiantes de la Universidad Pública El Alto (UPEA) se movilizaron contra el “impuestazo” y para ese momento, policías y militares se parapetaron en torno a la plaza. Ese día, la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a la población resistir la medida impositiva.
El martes 11 de febrero, los policías se amotinaron, los alteños y los universitarios de la UPEA bloquearon la Ceja y la avenida Naciones Unidas. Esa noche, el entonces ministro de Gobierno, Alberto Gasser, sentenció que la medida impositiva era “innegociable”.
El miércoles 12, los policías presentaron un pliego con 30 demandas y los estudiantes del colegio Ayacucho apedrearon Palacio Quemado, por un reclamo sectorial educativo, fue la detonante.
Ese día policías y militares se enfrentaron. Aparentemente, la acción fue iniciada por el disparo de un gas lacrimógeno. Un bombero fue una de las primeras víctimas. Julián Huáscar Sánchez Calcina, de 17 años, murió por un impacto de bala en la cabeza. Por la noche, Sánchez de Lozada abandonó el Palacio de Gobierno. Fallecieron seis policías. En El Alto, la Alcaldía fue quemada y hubo saqueos en La Paz.
Alumnos del Ayacucho fueron los de la detonante
El 13 de febrero, los enfrentamientos prosiguieron en La Paz. La COB pidió la renuncia de Sánchez de Lozada, un albañil murió en un techo, la enfermera Ana Colque falleció al tratar de ayudar a otra persona y la médica Carla Espinoza fue herida. El presidente finalmente retiró ambos proyectos.
Más de 30 personas entre civiles, policías y militares fallecieron durante esas dos jornadas, pero además hubo 268 heridos, según María Calcina, representante de la Asociación de Víctimas y Familiares de Febrero Negro.
Los delitos cometidos por los cuales se acusó a Sánchez de Lozada son: homicidio, sedición, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, apología del delito y asociación delictiva, entre otros.
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@innovapressinformaBolivia recuerda 23 años de la denominada masacre de febrero o febrero negro
IP/RDC
