- Tras casi tres meses de silencio mediático, el cuestionado líder cobista reactivó la presión sindical, advirtió que el DS 5676 estrangula la canasta familiar y denunció que las mesas de diálogo con el Ejecutivo son un fracaso. Le aconseja a Rodrigo Paz hace un ‘mea culpa’.
La Paz, Innovapress, 27 ago 2026.- La aparente tregua social que respiraba Palacio Quemado en el frente obrero urbano se acaba de disolver. Tras permanecer replegado y alejado de la opinión pública desde la desactivación de los bloqueos nacionales de carreteras en junio, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció para lanzar un duro emplazamiento al Poder Ejecutivo.
El líder sindical exigió a la administración del presidente Rodrigo Paz realizar de forma urgente un «mea culpa» institucional frente a la profunda crisis económica, de divisas y desabastecimiento energético que lacera al país, advirtiendo que las bases orgánicas se encuentran en estado de apronte.
Argollo justificó su prolongado repliegue mediático argumentando que la cúpula cobista optó por una estrategia de repliegue táctico para no entorpecer ni contaminar la defensa jurídica de las decenas de trabajadores y dirigentes que resultaron detenidos en los recintos penitenciarios durante las violentas jornadas de movilización civil que paralizaron el eje troncal por más de 50 días.
En un tono confrontacional, el dirigente rechazó de forma tajante las versiones de las facciones disidentes que apuntaban a que la COB se habría «vendido» o pactado prebendas bajo la mesa con Palacio Quemado, asegurando que la prioridad del ente matriz sigue siendo la defensa de las conquistas obreras frente a las recetas contractivas aplicadas por el gabinete ministerial.
El foco de la arremetida sindical apuntó directo contra el impacto inflacionario del Decreto Supremo 5676, norma que regula el incremento referencial del diésel a Bs 18 para los grandes consumidores de la cadena productiva.
Argollo denunció que el encarecimiento de los carburantes ya perforó la economía popular, encareciendo de forma directa e indirecta la estructura de costos de producción y comercialización de los alimentos básicos que componen la canasta familiar de las amas de casa. «Estamos viviendo una situación muy crítica. No se puede tapar el sol con un dedo mientras persisten las colas perpetuas en los surtidores de combustibles», fustigó el ejecutivo al calificar de insatisfactorio el avance de las mesas técnicas del pacto del 19 de mayo, cuestionando de forma paralela el ausentismo y la falta de compromiso de ministros clave en las reuniones ordinarias.
En el plano estrictamente político, la COB marcó una línea de resistencia civil infranqueable ante los globos de ensayo del Ejecutivo que pretenden prorrogar la militarización de las carreteras fundamentales.
Argollo rechazó de forma unánime cualquier intento de ampliación del Estado de excepción que fenece a mediados de septiembre, lanzando una advertencia directa al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP): “El Gobierno central no puede pretender gobernar a punta de estados de excepción. Eso no es democrático. Sería un error histórico que el parlamento convalide una extensión”.
El dirigente aclaró que la postura no implica un llamado a la sedición, sino una exigencia para que las autoridades estén «a la altura de la crisis».
Para instrumentar las acciones de presión, Argollo oficializó la convocatoria a un ampliado nacional de emergencia para los primeros días de septiembre, cita en la que junto al sector campesino unificarán un calendario de movilizaciones urbanas si el nuevo ministro de Economía, Christian Morales, no congela la aplicación de los ajustes impositivos a los combustibles.
IP/RDC
