- Por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, peculado, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y uso de influencias.
La Paz, Innovapress, 17 oct 2025.- El presidente de Control Social de El Alto, Gregorio Gómez, presentó ante la Fiscalía Departamental de La Paz un memorial con una denuncia penal contra el ministro de Economía, Marcelo Montenegro y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, por «venta anticipada» de 8,4 toneladas de las reservas de oro.
El abogado del denunciante, Curmi Rocha, detalló que la acusación es por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, peculado, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica y uso de influencias.
De acuerdo con el profesional, la venta adelantada de 8,4 toneladas de oro era para inyectar dólares al país, pagar la deuda externa y financiar la compra de combustible y la subvención.
De esa forma detalló que 3 toneladas fueron en el primer cuatrimestre de 2025 y 5,4 toneladas en el segundo cuatrimestre, totalizando 8,4 toneladas. Por esta operación, el BCB habría recibido 828 millones de dólares.
Esa venta -según el legista- se habría realizado «fuera de la norma», contraviniendo la Ley 1503 de Fortalecimiento de las Reservas de Oro, que en su artículo 9 fija un mínimo de 22 toneladas de oro como reserva.
El abogado expuso que, si bien el BCB informa tener 24,12 toneladas, la mayor parte (21,85 toneladas) estarían invertidas en bancos internacionales (Suiza, Alemania, Reino Unido, China y EE. UU.), dejando solo 2,27 toneladas en las bóvedas nacionales.
La denuncia también se centra en un movimiento normativo que, según Rocha, eliminó la principal salvaguarda para el oro:
Antecedentes (Gestión 2024): Hubo intentos de aprobar resoluciones internas del BCB (Resolución 148, luego anulada por la 155) para permitir la disposición del oro por debajo del mínimo de 22 toneladas.
Modificación ilegal de la Ley del BCB: El principal acto irregular se habría consumado en la Gestión 2025. El abogado explicó que la Ley del BCB (Artículo 16, vigente desde 1995) exige la aprobación de la Asamblea Legislativa para la pignoración (dar en garantía) del oro.
El Presupuesto General como Caballo de Troya: Esta exigencia (el «candado») fue eliminada al ser modificada la Ley del BCB a través de una disposición incluida en el Presupuesto General del Estado 2025, el cual entró en vigencia automáticamente al no ser aprobado por la Asamblea. «Eliminan que ellos deben tener la aprobación de la Asamblea Legislativa,» afirmó Rocha.
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IP/RDC
