Medidas cercan al Gobierno con ultimátum tras el fin del Estado de excepción

• El Transporte Libre otorga un plazo de 48 horas a plaza Murillo, mientras que el transporte pesado advierte una ‘convulsión total’ contra el paquetazo pactado con el FMI. Gremiales fijan protestas nacionales para octubre por el dólar flexible.

Tiquipaya, Cochabamba, 13 sep 2026.- El bloque social y sindical del país activó una ofensiva coordinada contra la política económica del presidente Rodrigo Paz. El Transporte Libre Nacional, la Confederación de Gremiales de Bolivia y la Federación de Transporte Pesado Nacional e Internacional anunciaron de forma escalonada una serie de medidas de presión y bloqueos que se ejecutarán inmediatamente después de que expire el Estado de excepción constitucional, fijado para el próximo 20 de septiembre.

El detonante de la indignación sectorial es el Decreto Supremo 5676, norma que suprime el subsidio del diésel para los grandes consumidores, además de la instauración del tipo de cambio flexible para el dólar y la proyectada quita total de la subvención a los carburantes para enero de 2027, medidas acordadas en el marco del programa financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ultimátum de 48 horas desde el autotransporte
Desde el municipio cochabambino de Tiquipaya, el dirigente nacional del Transporte Libre, Limbert Tancara, formalizó la resolución de su ampliado nacional, otorgando un plazo perentorio de dos días al Órgano Ejecutivo para instalar mesas de negociación sobre un pliego de ocho puntos.

“Vamos a dar 48 horas de plazo para que el Gobierno nacional responda el pliego y convoque a este sector del autotransporte, a todas las federaciones departamentales, donde vamos a ver la situación del Decreto Supremo 5676 y la distribución del diésel”, advirtió Tancara, según Unitel.

Las demandas exigen el acceso gratuito a kits de Gas Natural Vehicular (GNV), el mantenimiento inmediato de la Red Vial Fundamental y un rechazo categórico a cualquier intento del Ejecutivo de prorrogar el estado de excepción. “Apenas se levante el Estado de excepción, vamos a convocar a una movilización a nivel nacional”, sentenció.

Gremiales van a las calles en octubre
Por su parte, la Confederación de Gremiales de Bolivia, liderada por César Gonzales, ratificó que sus bases ingresarán en un estado de emergencia activa y movilizaciones durante la primera quincena de octubre.

Gonzales denunció que la libre flotación de la divisa estadounidense ha encarecido drásticamente los insumos importados, “castigando” la economía popular. El sector exige reducir el Impuesto al Consumo Específico (ICE) y rechaza el precio indexado del diésel para grandes consumidores —que bajó recientemente de Bs 18 a Bs 16,50—, planteando que el carburante refinado localmente con crudo importado no debe superar los Bs 12.

A la par, el dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani, alertó que un eventual incremento al Gas Licuado de Petróleo (GLP) disparará los índices inflacionarios en los mercados de abasto, golpeando de forma directa a las familias de menores ingresos.

Advertencia de ‘convulsión total’
La postura más radical provino de los transportistas de carga internacional. El primer secretario del transporte pesado, Nelson Carrillo, rechazó de plano el cronograma de desmantelamiento de los subsidios hidrocarburíferos perfilado para 2027. “Va a ser una convulsión total. La gente ya está cansada y este Gobierno va a querer otra vez decretar”, disparó Carrillo.

En un intento por desactivar el cerco sindical, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostuvo una reunión de emergencia en Cochabamba con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Según una nota de prensa de su despacho, ejecutivos de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) expusieron planes de contingencia para normalizar el suministro de combustible, pactando además una cumbre nacional con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); sin embargo, dicho acercamiento no incluye a las federaciones del transporte libre y pesado que ahora lideran las amenazas de paro general.

IP/RDC