- El Ministerio de Salud y la Felcc activaron una “acción directa” tras denuncias de concusión y cohecho. Tres altos funcionarios fueron conducidos a celdas policiales; la diputada Cecilia Vargas denunció que se exigía hasta la mitad del sueldo a los trabajadores a cambio de ítems.
La Paz, Innovapress, 22 oct 2026.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público intervinieron de forma sorpresiva las oficinas centrales de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), ubicadas en la zona de Sopocachi de la sede de Gobierno.
El operativo se ejecutó tras destaparse una red de extorsión interna dedicada a exigir cobros ilícitos de dinero a los propios funcionarios estatales a cambio de garantizar la vigencia de sus contratos y la designación de ítems.
La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, confirmó que la intervención se coordinó de manera directa con la División de Delitos contra la Corrupción Pública de la Felcc bajo los presuntos delitos de concusión y cohecho.
Según detalló, la alerta inicial fue recibida por ella misma a través de denuncias y audios enviados a su cuenta de WhatsApp, lo que motivó el despliegue inmediato de los fiscales especializados y el precintado de los ambientes administrativos. Durante la requisa efectuada, los investigadores secuestraron computadoras, teléfonos celulares y carpetas de personal.
Al respecto, la diputada de la alianza Libre, Cecilia Vargas, quien se apersonó a las instalaciones para fiscalizar las actuaciones judiciales, reveló que el esquema delictivo operaba mediante mecanismos de presión extrema.
“Se ha recibido denuncias respecto al cobro de dinero por conservar el puesto de trabajo. Los cobros que se pidieron eran de la mitad del sueldo o de todo el sueldo completo”, aseveró la legisladora. Indicó que la AISEM administra millonarios fondos estatales destinados al plan de hospitales y la compra de equipamiento médico de alta complejidad.
Tres mandos intermedios aprehendidos
El operativo arrojó de forma preliminar la conducción y el arresto de tres funcionarios de mandos intermedios de la institución de salud, quienes fueron trasladados a celdas de la Felcc a la espera de sus declaraciones informativas ante la comisión de fiscales.
En paralelo, la diputada Vargas informó que la Policía convocó a la directora ejecutiva de la AISEM, Daniela Quiroga; sin embargo, ante su inasistencia al requerimiento, las brigadas policiales tuvieron que movilizarse hasta su domicilio particular en la ciudad de La Paz para dar continuidad a las diligencias correspondientes.
Ante el temor generalizado del personal subalterno por posibles despidos, la ministra Flores emitió un comunicado oficial garantizando la estabilidad e inviolabilidad laboral de todas las víctimas y testigos que coadyuven a esclarecer el caso, asegurando que se resguardará su identidad frente a represalias.
Este escándalo institucional se suma a los antecedentes registrados en marzo de este año, cuando el Órgano Ejecutivo se vio obligado a desvincular a la entonces directora de AISEM, Verónica Casablanca, por denuncias de cobros irregulares del 10% mediante códigos QR para favorecer a empresas contratistas en licitaciones públicas.
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