- El ente sindical hizo conocer un nuevo pliego de ocho puntos, entre los cuales resalta, la expulsión de Fernando Cerimedo del entorno del Presidente, entre otros.
Un Mario Argollo más conciliador antecede el acercamiento con el Ejecutivo/ arch
La Paz, Innovapress, 17 jun 2026.- Tras 48 días de conflictividad traducido en un bloqueo irracional que estranguló la economía de los bolivianos, la Central Obrera Boliviana (COB) optó por dejar en segundo plano el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El ente matriz de los trabajadores, que en primera instancia fue descalificada por el propio presidente Rodrigo Paz quien los llamó de narcotraficantes y hasta vándalos decidió quitar la renuncia del gobernante de su pliego de peticiones para centrarse en la pacificación.
Entre las exigencias más sobresalientes están:
- Rechazo al FMI y organismos externos: La COB exige el compromiso de que Bolivia no accederá a ningún crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y demanda transparencia en las negociaciones con el Banco Mundial y el BID.
- No a la privatización: Se plantea un compromiso explícito para “no privatizar” los recursos o empresas estatales.
- Control de leyes: El ente matriz reclama el derecho a fiscalizar las normas antes de su aprobación legislativa.
- Protección del “bolsillo popular”: Ante la crisis, piden medidas urgentes para frenar la especulación, controlar el incremento de precios, garantizar la canasta familiar y asegurar un empleo estable con salario real.
- Destitución de figuras polémicas: El pliego también incluye la petición de echar a Fernando Cerimedo de su entorno.
Respuesta
En su nota de respuesta a las demandas de la COB, el Gobierno rechaza el uso de acusaciones generalizadas contra organizaciones sociales y remarca que toda investigación penal “deberá basarse en hechos concretos, indicios individualizados, el debido proceso y autoridad competente”.
“Respecto a las personas detenidas preventivamente en el marco del conflicto, el Gobierno nacional solicitará al Ministerio Público la revisión individual de las medidas cautelares, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos fundamentales”, añade la nota.
El Gobierno asegura que esta revisión deberá realizarse caso por caso, diferenciando la protesta pacífica de los hechos de violencia, coacción, destrucción, ataques a personas, afectación de servicios esenciales o bloqueo de ambulancias, alimentos, medicamentos y combustibles.
Aclara que “no corresponde una amnistía general ni una liberación automática fuera de los procedimientos legales”.
“La amnistía, en los casos que corresponda, debe tramitarse conforme a la Constitución Política del Estado y con aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, afirma el Ejecutivo.
El Gobierno también asegura que no apoyará ninguna norma que criminalice la protesta pacífica y ratifica que no impulsará la privatización de empresas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados.
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IP/RDC
