- El GIEI recomendó esclarecer los funestos sucesos. Derechos Humanos y familiares de víctimas ven que la impunidad ganó tras la determinación del TSJ de anular la sentencia contra la exmandataria transitoria.
El Alto, La Paz, Innovapress, 6 nov 2025.- Una vez liberada la expresidenta Jeanine Áñez, la Asociación de Familiares Víctimas de los hechos de 2019, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y activistas se declararon en emergencia ya que la Justicia no puede establecer con certeza a los responsables de aquellos funestos sucesos que se suscitaron en Senkata y Sacaba de 2019.
Por este caso conocido como Golpe II, Áñez fue condenada a 10 años de reclusión por resoluciones contrarias a la ley y este jueves dejó la cárcel y salió en libertad.
Al respecto, la defensa de las víctimas de Senkata calificó de aberrante la suspensión de la condena y anuncia una batalla judicial.
“Hemos recibido esto, no con mucha sorpresa porque se veía venir en una acción absolutamente contraria a la norma constitucional, penal digitada a partir de la posición que ha tomado el doctor (Romer) Saucedo desde el Tribunal Supremo de Justicia y los jueces que han acompañado esta revisión que es absolutamente aberrante porque se trata de una sentencia ejecutoriada y que luego de su dictación y pronunciamiento todos los espacios y los tiempos y los ámbitos absolutamente abiertos para que se apele y otras acciones dentro del proceso, han vencido plenamente”, declaró Aldo Michel, abogado de los familiares de las víctimas.
Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, su presidenta Virginia Urgarte, rechazó la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), exigió también justicia para las víctimas de los hechos de 2019.
“Es lamentable escuchar y saber que el Tribunal Supremo de Justicia pueda liberar a la señora Áñez que debería ser juzgada por la vía ordinaria o por juicio de responsabilidades porque ha habido vulneración flagrante a los derechos humanos en 2019 no solo en la ciudad de El Alto, sino también en Sacaba y en Huayllani”, añadió.
En tanto, el activista y representante de las víctimas de la masacre de Senkata, David Inca, lamentó que los victimarios ahora pasen a ser las víctimas.
“Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas reales se las deja en indefensión (…) La impunidad ganó con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia”, sostuvo
El Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto determinó anular obrados del proceso instaurado contra Jeanine Añez y otros acusados por la masacre de Senkata e instruyó la remisión de los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, para la tramitación de un juicio de responsabilidades o de privilegio.
La masacre de Senkata ocurrió el 19 de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron una protesta vecinal que impedía el abastecimiento de combustibles por el cerco a la planta de hidrocarburos ubicada en la zona de El Alto, en rechazo a la toma del gobierno.
La violencia desatada en la zona de Senkata dejó 10 muertos por impactos de bala y decenas heridos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó lo ocurrido y estableció que se trató de una masacre, por lo que demandó una investigación sobre los hechos y sanción a los responsables.
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