- El ex fiscal general enfrenta un pedido de detención por encabezar una supuesta red criminal vinculada al narcotráfico y al desvío de sumas millonarias de dinero. La reciente revocatoria de su visado por parte de Washington acelera los mecanismos de cooperación internacional penal.
La Paz, Innovapress, 4 oct 2026. — El cerco judicial sobre el destituido fiscal general del Estado, Roger Mariaca, no responde a una acción fortuita de las fuerzas del orden. El jefe de la cartera de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló que aparatos de contrainteligencia civil mantenían bajo estrecha vigilancia a la exautoridad fiscal desde hace diez meses, acumulando indicios que lo sitúan en la cúspide de una presunta organización criminal con nexos en el narcotráfico internacional y el blanqueo de capitales.
Al perder su inmunidad tras la aprobación exprés de la ley corta en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el procesamiento de Mariaca avanza por la vía ordinaria. La hipótesis gubernamental apunta a que el sindicado lideraba una red de protección institucionalizada que facilitaba las operaciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio nacional, llegando incluso a financiar con recursos de procedencia ilícita los bloqueos de 53 días que desestabilizaron la gestión del presidente Rodrigo Paz.
El volumen de los recursos incautados en los recientes operativos de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca —donde se secuestraron más de 4,5 millones de bolivianos en efectivo ocultos en una ambulancia y en el domicilio de su edecán— constituye la base del expediente por legitimación de ganancias ilícitas.
A esto se suman los despliegues preventivos del Ministerio de Defensa, a cargo de Ernesto Justiniano, sobre propiedades del exministro Eduardo Del Castillo, quien huyó del país tras la redada inicial del 30 de septiembre.
La ruta de la extradición
El panorama legal de Mariaca traspasa las fronteras bolivianas. Dos días antes de su captura en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó formalmente a la exautoridad bajo la Sección 7031(c), acusándolo de aceptar sobornos para favorecer a organizaciones del narcotráfico y obstruir la acción de la justicia.
Especialistas en seguridad hemisférica señalan que la revocatoria de visados a Mariaca y a otros 12 operadores de justicia bolivianos representa la antesala de un procesamiento penal directo en tribunales norteamericanos.
Robert Evan Ellis, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de EE. UU. y exfuncionario de la diplomacia estadounidense, explicó que la información administrativa acopiada por Washington posee el potencial técnico de convertirse en un requerimiento formal de captura internacional.
“La información utilizada para una decisión administrativa puede, en determinados casos, alimentar una investigación penal o incluso una solicitud de extradición”, precisó el académico estadounidense al evaluar los canales de cooperación bilateral vigentes.
Aunque los protocolos diplomáticos para el intercambio de evidencia clasificada se manejan bajo estricta reserva para proteger fuentes y métodos de investigación en curso, en los pasillos políticos de la sede de Gobierno se da por hecho que el relevo de la cúpula fiscal y la asunción interina de José Armando Urioste facilitarán la entrega de la documentación requerida por las agencias federales, abriendo la vía para que el ex fiscal general responda ante la justicia estadounidense.
Revisa también: Urioste asume la Fiscalía en medio de un ‘acuartelamiento’ y advierte que entra a un ‘campo de guerra’IP/RDC
