- Por los presuntos delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución.
Sucre, Innovapress, 7 oct 2025.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, formalizó en la Fiscalía de Sucre, una denuncia penal contra los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por haberse prolongado en sus cargos al margen de las leyes.
El memorial argumenta que los magistrados: Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo incurrieron, supuestamente, en usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución.
Saucedo sostiene que los denunciados extendieron su mandato sin sustento legal, pese a que el periodo constitucional concluyó el 31 de diciembre de 2023, tras seis años de gestión.
Recordó que los magistrados emitieron el Auto Constitucional 0049/2023, que prorrogó unilateralmente sus funciones, en “desconocimiento” de lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE).
El documento, además, cita los artículos 200 y 183 de la Carta Magna, que determinan que las magistradas y magistrados no pueden ser reelectos y que su mandato dura seis años.
“El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo están definidos por mandato constitucional y no pueden ser modificados discrecionalmente”, señala Saucedo en su denuncia.
El grupo de magistrados ahora denunciados fue electo en 2017 y su mandato debía concluir el 31 de diciembre de 2023.
El titular del TSJ argumentó que la prórroga vulnera el principio de supremacía constitucional y afecta el cambio legítimo de autoridades judiciales elegidas mediante voto popular.
Pide procesar a los denunciados por los delitos establecidos en los artículos 153 y 163 del Código Penal, que prevén penas de hasta 10 años de prisión.
El primero sanciona la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; el segundo castiga la usurpación de funciones públicas.
El documento también solicita la activación de una alerta migratoria contra los magistrados, para impedir su salida del país durante el proceso de investigación.
La denuncia fue presentada el 3 de octubre de 2025 en Sucre. Se adjuntó la documentación que acredita la posesión de Saucedo como presidente del TSJ.
Añade que los magistrados del TCP actuaron “al margen de la legalidad” y que su permanencia constituye una violación al orden constitucional vigente.
El cambio de las autoridades electas en 2017 fue determinado por votación en las elecciones del 17 de diciembre de 2024.
Sin embargo, en noviembre de ese año, antes de votación, la Sentencia Constitucional 0770/2024-S4 declaró desierta la convocatoria a magistradas y magistrados para el TSJ en los departamentos de Beni y Pando; y para el TCP en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
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