- Tras el secuestro de 43 vehículos de lujo en autoventas vinculadas al caso del exfiscal Roger Mariaca, el gerente de la CAB, Luis Orlando Encinas, alertó que las mafias introducen dinero ilícito mediante la subfacturación en la Zona Franca de Iquique.
Santa Cruz, Innovapress, 21 oct 2026.- El narcotráfico y el crimen organizado transnacional han convertido a los vehículos indocumentados también denominados “chutos”, y a los de importación directa o “grises”, en una verdadera moneda de cambio para pagar cargamentos de droga y armas, con el objetivo final de blanquear capitales ilícitos dentro del circuito comercial boliviano, de acuerdo con denuncia de la Cámara Automotor Boliviana (CAB).
El gerente general de la CAB, Luis Orlando Encinas, reveló que esta modalidad permite a las organizaciones delictivas operar fuera del control financiero del Estado. “Han convertido el auto en una moneda para pagar todo lo que es el narcotráfico, el tráfico de armas, tráfico de personas. Llevan droga y les pagan con autos, con dinero que no está controlado. Los autos chutos que han entrado son producto de todo este tipo de negocios. Estamos denunciando lavado de dinero”, descubrió.
La alerta se da horas después de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Ministerio Público intervinieran de forma sorpresiva dos autoventas en la capital cruceña, logrando el secuestro de 43 motorizados de alta gama —entre marcas de lujo como Porsche, BMW y Lexus—.
Los operativos se ejecutaron en el marco de las investigaciones del caso que involucra al exfiscal departamental Roger Mariaca, actualmente con detención preventiva en la cárcel de Cantumarca, Potosí, por presunta corrupción y protección a redes de sustancias controladas.
Evasión en Iquique y subfacturación
Encinas explicó que el esquema de legitimación de ganancias ilícitas aprovecha vacíos y flexibilizaciones normativas para introducir los vehículos al país.
Detalló que operadores no tradicionales adquieren unidades en terceros países y las trasladan mediante la Zona Franca de Iquique (Chile), donde reemplazan la factura original del fabricante por una de reexpedición.
Esta maniobra les permite consignar un precio significativamente menor, reduciendo los tributos de internación y facilitando el blanqueo de recursos no declarados.
Asimismo, el ejecutivo de la CAB cuestionó la vigencia de la Resolución Ministerial 064 de 2022, aprobada durante la gestión del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, argumentando que dicha norma flexibilizó los requisitos de importación y abrió las puertas a operadores informales.
Añadió que estas empresas obligan al comprador final a figurar como el importador directo del motorizado para evitar facturar la venta local, evadiendo impuestos y dejando al cliente sin garantías de posventa ni respaldo legal ante futuras revisiones aduaneras.
Vínculo bajo investigación penal
Los allanamientos fiscales tuvieron lugar en dos establecimientos comerciales de Santa Cruz: el primero en el cuarto anillo y radial 27, donde se confiscaron 13 motorizados, celulares y equipos de grabación; y el segundo sobre la avenida 2 de Agosto, donde se intervinieron otras 30 unidades.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que las diligencias buscan desarticular una supuesta estructura criminal incrustada en el Ministerio Público, mientras que el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, aclaró que la investigación determinará formalmente la vinculación técnica de los bienes secuestrados.
Por su parte, la defensa legal del propietario de los negocios intervenidos, liderada por el abogado Silvestre Ibáñez, negó cualquier nexo documental o comercial con Mariaca y anunció que solicitará la devolución de los vehículos tras las declaraciones informativas.
Encinas concluyó enfatizando que las autoventas observadas no forman parte de la CAB —organización que agrupa a firmas con más de 30 años de trayectoria legal— y exigió a la Aduana Nacional, al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y al Ministerio de Economía ejercer una fiscalización estricta sobre la trazabilidad de los capitales del sector.
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