-El Ejecutivo pedirá la intervención de la Procuraduría General del Estado para el resguardo de los trabajadores de esos medios. Más de 16 millones de dólares es el daño causado. El ex ministro Juan Ramón Quintana es el directo responsable, según la autoridad.

Innovapress 23 sep 2020.- La administración de la presidenta Jeanine Áñez anunció este miércoles que decidió interponer acciones judiciales contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), Rolando Sánchez, por la compra de la red ATB y los periódicos La Razón y Extra con recursos de un préstamo venezolano para el Estado.

El ministro de la Presidencia Yerko Núñez afirmó que Juan Ramón Quintana era el articulador de una “estructura criminal de poder”, que permitió que los recursos públicos pasen a manos privadas para “la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión”.

Confirmó que una investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó que los tres medios fueron comprados con un crédito de más de 16 millones de dólares otorgados por el Gobierno de Venezuela que fueron desembolsados a empresas del empresario boliviano Marcelo Hurtado desde donde se realizó el pago por las acciones de ATB en Estados Unidos y de La Razón y Extra en España.

La decisión de procesar a Quintana y Sánchez se asumió luego que salió a la luz un informe de la UIF que reveló el uso de recursos públicos, transferidos a privados para la compra de acciones de ATB, La Razón y Extra.

Dijo que se reportaron al menos una decena de transferencias de la Embajada de Venezuela a las empresas de Hurtado, Flaba Trading y Estrategias Energéticas, y que los traspasos llevan la firma del exembajador de ese país, Julio Montes.

“En virtud a toda esta información obtenida yo, como ministro de la Presidencia, presentaré la denuncia contra Juan Ramón Quintana, quien en ese entonces fungía como titular de esta cartera de Estado, pero también contra Rolando Sánchez Serrano, quien era director de la Upre”, anticipó.

La querella será por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, las mismas que se suman a las que ya están en curso por legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa, en un proceso abierto contra Hurtado.

Núñez manifestó que, con todas estas recientes revelaciones, queda claro que “los recursos servían para comprar medios de comunicación para definir una línea favorable al Gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas a las del MAS”. Dijo que estos medios conformaban un verdadero “Cártel de la Mentira”.

“Se trata de más de 16 millones de dólares provenientes de Venezuela que deberían beneficiar al Estado boliviano, (pero) fueron transferidos a empresas de Marcelo Hurtado: Flaba Trading y Estrategias Energéticas”, enfatizó Núñez

Luego Hurtado transfirió más de cuatro millones y medio de dólares a cuentas en España, en beneficio del grupo PRISA, y otros más de 10 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos, a nombre de Jordán Silva.

Hurtado fue gerente de la red ATB y sus empresas recibieron un total de 10 transacciones por parte de la Embajada venezolana.

La autoridad anticipó además que se pidió la intervención de la Procuraduría General del Estado (PGE) para iniciar acciones en este caso y que próximamente se analizará el destino de los trabajadores afectados en estos tres medios de comunicación./IP/MP