-El funcionario patrocinó litigios en contra del Estado.

Innovapress, 27 oct 2020.- Alberto Javier Morales Vargas por vez consecutiva fue cesado de sus funciones por no cumplir con los requisitos previstos en la Ley 064 de la Procuraduría General del Estado que dispone que para asumir el cargo no debían haber patrocinado procesos judiciales contra los intereses estatales durante 5 años anteriores a su nombramiento.

Esa autoridad fue posesionada el pasado 14 de octubre por la presidenta transitoria Jeanine Añez.

El informe que esgrimió la Asamblea es que Morales en su calidad de abogado particular, litigó contra el Estado en fecha 14 de febrero de 2016, situación que se tiene verificada en la Sentencia Constitucional 0061/2016-S1.

“Se ha observado la designación del Procurador porque el viola la Ley, ya que ha patrocinado muchos procesos en contra del Estado. (…) El procurador tiene que ser destituido porque no cumple con los requisitos que tiene la ley de la Procuraduría, y serán los nuevos mandatarios quienes tienen que designar a otra persona en este cargo tan importante”, sostuvo la presidenta de la Asamblea, Eva Copa.

La primera vez que la ALP resolvió objetar la designación de Alberto Javier Morales, fue en la sesión efectuada el 6 de octubre de este año, con más de dos tercios de los votos.

De acuerdo al artículo 230 de la Constitución Política del Estado, la designación de la Procuradora o el Procurador General del Estado corresponderá a la Presidenta o al Presidente del Estado. La persona designada debe cumplir con los requisitos exigidos para la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, establece que la designación podrá ser objetada por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en un plazo no mayor a sesenta días calendario desde su nombramiento. La objeción tendrá por efecto el cese en las funciones de la persona designada.

Morales fue designado como Procurador el 21 de septiembre, en reemplazo de José María Cabrera, este último denunció que el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo pidió que se lo destituyera por oponerse a algunas decisiones del Gobierno.

Ello sucedió después de que su antecesor José María Cabrera fuera destituido por denunciar intenciones privatizadoras del Gobierno al devolver acciones de Elfec a los socios de Comteco de Cochabamba. Días después, la Asamblea lo acusó de haber patrocinado una acción contra el Estado el 1 de septiembre de 2015 y lo destituyó.

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