– Los efectos de la pandemia han dejado sin empleo a más de 420 mil personas en la gestión 2020. Exigen medidas concretas para salir del atolladero en el que se atascó el aparato productivo.

Por Juan Gabriel Perez

Innovapress, 20 mar 2021.- El sector privado le toma la palabra al gobierno para alcanzar un crecimiento del 4,4% en la gestión 2021; empero advierte que, la previsión no tendrá esos resultados sino se asumen medidas de contención del Covid-19 y políticas económicas fiscales de impacto, como eliminar el Impuesto a las Transacciones (IT), impulsar la inversión pública en gobernaciones y municipios, y apoyar a los nuevos emprendimientos productivos.

El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, explicó que alcanzar el porcentaje previsto por el Ministerio de Economía y el Banco Central para el crecimiento de este año, son esperanzadoras y alcanzables, pero dependen en gran medida de las acciones que se orienten a mitigar los efectos económicos que traerá consigo una tercera ola de la pandemia que se prevé llegue en mayo y de las decisiones de políticas públicas que asuman para desarrollar al sector productivo que genera empleo y dinámica de la economía.

Los efectos de la pandemia han dejado sin empleo a más de 420 mil personas en la gestión 2020, a lo que se suma una disminución de las actividades de comercio, producción y servicios con consecuencias en la captación de impuestos con una reducción en cerca al 30%, aumento del desempleo, menor productividad, disminución en las reservas internacionales, explicó.

Hace días, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informaron que el Programa Fiscal Financiero 2021 proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor del 4,4%, una inflación de fin de período en torno al 2,6%, un déficit fiscal de aproximadamente 9,7% del Producto Interno Bruto (PIB) y se consideran las políticas en todos los ámbitos (salud, económico y social), aunque no presentaron un plan que respalde estas proyecciones.

Para alcanzar dichos indicadores, el Gobierno prevé una dinamización de la inversión pública. El Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2021, alcanza un monto de 295.599,9 millones de bolivianos, de los cuales aproximadamente 27.635 millones serán destinados a la inversión pública, y de estos el 36,2% se destinará a proyectos de infraestructura como transportes, comunicaciones y recursos hídricos; el 34,9% será para impulsar proyectos estratégicos como energía, agropecuaria, minería, industria, hidrocarburos, turismo; en tanto, que el 24,9% se destinará al sector social y 4% se asignará a proyectos multisectoriales.

La inversión pública es el dinero que proviene de los impuestos, los créditos o donaciones de la cooperación y los recursos generados por las entidades públicas, que luego de ser captados ingresan en arcas del Tesoro General de la Nación (TGN), son distribuidos a los ministerios, quienes gastan el dinero a través de programas y proyectos en cerca al 70%. El saldo (aproximadamente 20%) es gestionado por los niveles subnacionales (gobernaciones, municipios, universidades y otras) según sus competencias.

De acuerdo al representante de la CNC, en este contexto es necesario repensar y retomar la idea de cambiar la matriz productiva para dejar de depender de los ingresos producidos por los “commodities” (materias primas o bienes primarios), y comenzar a activar con fuerza al sector privado que genera empleo y dinamiza la economía, a través de la generación de valor agregado, de lo contrario el sector informal seguirá creciendo, con consecuencias sociales.

Eliminar el Impuesto a las Transacciones

La CNC, considera que uno de los incentivos para las empresas productivas, servicios y comercio, sería, en este momento, hablar de la eliminación del Impuesto a las Transacciones (IT), dado que este impuesto si bien le genera ingresos a Impuestos Nacionales, no favorece al sector privado, ni a la población porque encarece los productos en cascada, explicó el empresario.

La Ley 843 en su Título VI crea el Impuesto a las Transacciones, que grava el ejercicio en todo el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocios o de cualquier otra actividad – lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste.

Se grava con un 3% del ingreso percibido en todas las transacciones. Es decir, si un bien es vendido a 100 bolivianos, debe pagar 3 bolivianos, pero si este producto es comercializado 10 veces, debe pagar en la suma 30 bolivianos, es decir se encarece el 30%, si a esto uno suma los procesos de incremento que sufre el producto por el transporte, embalaje, entre otros el monto del producto de 100 bolivianos puede costar 180 bolivianos, que debe ser pagado por el comprador final.

El IT nació en su momento para ayudar al TGN a salir de una situación difícil, mientras hoy, los efectos de la pandemia, la crisis económica, la falta de empleo y baja productividad, deben considerar esos antecedentes para considerar la eliminación de este tributo, explicó Jáuregui. La demanda de eliminar este impuesto a las transacciones data desde hace varios años.

Al respecto, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas, un criterio sobre la apreciación dada por el sector privado, a la fecha de cierre de la nota, no se tuvo respuesta.

Apoyo a los nuevos emprendimientos

La Cámara Nacional de Industria (CNI), también considera que una medida para activar la economía en el país es apoyar los nuevos emprendimientos que han surgido a raíz de la crisis social y económica generada por la pandemia. Cientos de personas que fueron despedidas de sus trabajos han generado sus propias oportunidades y, a partir de estos, están empezando y crear sus nuevos emprendimientos, empero su esfuerzo de crecer o de sobrevivir se enfrenta con problemas como: falta de créditos, garantías, ampliación de la demanda y oportunidades para exportación.

Jáuregui, explicó que estos nuevos emprendimientos están presentes en todos los sectores, servicios, comercio, productivos, dónde se comercializa alimentos, productos en madera, hierro; así como también, cadenas de producción de verduras en invernaderos, entre otros, que son elaborados por bolivianos, pero no tienen capital para crecer. Enfrentan dificultades para adquirir créditos porque no cuentan con garantías y tienen dificultades para legalizar sus procesos, dada la burocracia en el país y las limitantes que plantea el sistema financiero para emprendimientos nuevos.

Consultado el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, sobre el particular explicó que “están realizando esfuerzos para apoyar estos nuevos emprendimientos y en ese camino se ha puesto a los productores de manufacturas, pequeñas, medianas, grandes y micro empresas, para que puedan acceder a créditos productivos del sistema financiero con garantía del Gobierno con una cobertura de hasta un 50%, a través del Decreto Supremo 4470 de 3 de marzo de 2021, promulgado por el presidente Luis Arce, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), la constitución del fideicomiso “Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional” (Fogadin) de 150 millones de bolivianos.

“Los créditos que se otorgan es uno a uno, entonces los micro empresarios nos indicaron que las solicitudes que están generando, tienen algunas imposibilidades de presentar garantías al 100%. La población conoce que el microempresario acude para garantizarse al compadre, al hermano productor o a la maquinaria. En este caso, lo que va hacer ahora es que el Estado se convierta amigo del productor y el Estado les va garantizar hasta el 50% de la garantía para que fácilmente pueda acceder al crédito del fideicomiso”, explicó.

Problemas de la inversión pública

La inversión pública tiene un camino para ser ejecutado. Las normas nacionales establecen que todo gasto o inversión, para ser considerado válido y no ser observado por la Contraloría General del Estado, debe estar inscrito como objetivos en un Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI), documentos que hoy no se tienen aprobados, pese a que los planes 2015-2020, culminó su vigencia en diciembre de 2020.

Fuentes del Ministerio de Planificación del Desarrollo han informado que la construcción del nuevo PDES y los Planes Sectoriales de los Ministerios se encuentran en pleno proceso de elaboración y se espera que hasta fines de mayo se cuente con el documento final y en junio aprobar el mismo. A partir de este documento es que las gobernaciones, municipios, entidades descentralizadas, desconcentradas y empresas del Estado pueden descolgar sus objetivos, y tener un gasto que no sea observado. En suma, las proyecciones fiscales no tienen un plan, programas y proyectos que respalden estos procesos, ni se conoce si hay una norma que permita ampliar la vigencia de los PDES y PTDI, para ejecutar los gastos.

IP/JGP/MP