-Dice que la extradición es posible, pero debido a los cálculos políticos del gobierno de norteamericano no se hace factible. Sin embargo, la decisión de un juez del Estado de Florida “es un paso importante en la búsqueda de justicia” para las víctimas, agregó.

Innovapress, 7 abr 2021.- El canciller Rogelio Maya explicó que no existe necesidad de pedir o iniciar otro proceso de extradición al gobierno de los Estados Unidos (EEUU) del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que sea procesado y rinda cuentas por las muertes registradas en octubre de 2003 cuando fue presidente.

Rememoró que hasta el momento Bolivia presentó dos solicitudes para la extradición del exmandatario; la primera en 2008 rechazada en 2012 y otra en 2013, “con algunos ajustes” jurídicos.

“(Desde 2013) hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos no ha aceptado ni rechazado (la nueva) solicitud de extradición, (por tanto) no hay necesidad de hacer otra solicitud; hay una solicitud de extradición que ya ha sido planteada al gobierno de Estados Unidos y éste no se ha pronunciado”, remarcó Mayta en una entrevista en Bolivia TV.

Rogelio Mayta, fue por varios años, abogado defensor de las víctimas de la denominada “guerra del gas” que cobró la vida de más de 60 personas y decenas de heridos, huérfanos y viudas tras las revueltas sociales en septiembre y octubre de 2003 cuando gran parte de la población alteña y boliviana en general defendió el recurso del gas natural ante las pretendidas del gobierno de Sánchez de Lozada de concretar la exportación hacia mercados de EEUU.

El propio Mayta consideró que la postura del gobierno estadounidense “puede interpretarse como (otro) rechazo”, aunque no sea de manera expresa.

Añadió que ese en contexto, incluso “en su momento me tocó realizar varios análisis con expertos estadounidenses en extradiciones y llegamos a la conclusión de que la extradición era viable legalmente, existe el fundamento como para que (…) se viabilice, pero también siempre llegábamos a establecer en ese análisis que en los hechos (eso) puede ser poco práctico porque son decisiones políticas que asume el gobierno de los Estados Unidos”.

Sin embargo, calificó como “un paso importante en la búsqueda de justicia”, la decisión del juez James Cohn que ratificó la responsabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en la masacre de 2003 y confirmó el pago de 10 millones de dólares en favor de las víctimas.

Explicó que, en 2007, los familiares de las víctimas de la masacre analizaron que resultaba complicado que EEUU extradite a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, debido a la afinidad de las exautoridades con las políticas de Washington. Por ello, eligieron la vía judicial civil debido a que ambos acusados se amparan en suelo estadounidense.

Para ese fin, con el apoyo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y un grupo de abogados, se impulsó el juicio en EEUU. En abril de 2018, un jurado de 10 ciudadanos escuchó el caso y encontró culpables a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por las ejecuciones extrajudiciales y determinó el pago de una reparación de 10 millones de dólares a las víctimas.

Sin embargo, los acusados apelaron y lograron que el juez desestime la decisión del jurado. Ante esa situación, las víctimas apelaron y lograron que el juez del Estado de Florida en EEUU, James Cohn, deniegue la moción planteada por los acusados respecto al proceso en que se los responsabiliza por la masacre y ratifique la sentencia que establece el resarcimiento económico.

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