-Argumenta que los delitos contra el Estado no prescriben y hay responsables.

Innovapress, 17 abr 2021.- El diputado cruceño Rolando Cuéllar del Movimiento Al Socialismo (MAS) oficializó este sábado una solicitud de reapertura del caso “tractores” en el que está involucrado el exministro de Desarrollo Rural y Tierras y exsenador, Hugo Salvatierra y otras exautoridades.

“Estamos presentando al Fiscal General la solicitud de reabrir el proceso de los tractores del exministro Hugo Salvatierra y exigimos un informe sobre el estado en el que se encuentra el proceso mencionado”, afirmó el legislador.

En su criterio, este caso no puede quedar en la impunidad y por más que la exautoridad, en alusión a Salvatierra, haya sido militante del MAS, no se puede provocar un daño económico en desmedro de familias campesinas y agrícolas.

“Vamos a pedir fotocopias legalizadas de todo el cuaderno de investigación, este hecho no puede quedar en la impunidad cuando hay daños económicos al Estado no prescribe y vamos a aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. No vamos a permitir que estos delitos queden en la impunidad”, afirmó Cuéllar.

Según los antecedentes, el exministro Salvatierra era responsable de la adjudicación de 99 tractores FIAT, que debieron ser destinados a organizaciones sociales de personas que habían sufrido efectos del desastre natural de 2006 en Santa Cruz. Sin embargo, el proceso de adjudicación y crédito tuvo irregularidades.

Las anomalías de tipo administrativo fueron detectadas en una auditoría encargada en 2008 por la entonces ministra Susana Rivero. Dicho estudio estableció que había responsabilidad de Hugo Salvatierra.

Se inició el proceso y la Fiscalía terminó emitiendo un requerimiento acusatorito contra Hugo Salvatierra y otros exfuncionarios, debido a que se encontró contratos irregulares, que no garantizaban la devolución del dinero del crédito, pero además había desaparecido documentación original.

Hugo Salvatierra fue acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos del Estado y conducta antieconómica.

IP/RC