La Paz, 29 de mayo de 2024
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Alta Comisionada de Naciones Unidas preocupada por conminatoria judicial a medios de prensa

-Señala que constituye una flagrante intimidación y amedrentamiento contra la libertad de expresión y prensa en Bolivia.

Naciones Unidas preocupada por la intimidación a los medios de prensa en Bolivia/ Foto: Internet

Innovapress, 25 abr 2021.- La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exteriorizó este domingo, a través de su cuenta Twitter, su preocupación ante la conminatoria judicial en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados en el caso del abogado Jhasmani Torrico.

“La Misión expresa su preocupación ante la conminatoria judicial emitida en Cochabamba para que 13 medios de comunicación hagan conocer los nombres de periodistas que realizaron trabajos de investigación relacionados a un caso de interés público”, se lee en la cuenta en Twitter de ese organismo internacional.

“La Misión recuerda que, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa resulta incompatible con el derecho a la libertad de expresión”, señala la OACNUDH en la red social.

Hace días, la jueza Sofía Camacho Almanza, del juzgado de sentencia penal de Cochabamba, dio curso a la petición del abogado Jhasmani Torrico para iniciar procesos penales a periodistas por difamación, calumnia e injuria, al haber informado y dado seguimiento al caso que involucró a este abogado en un escándalo público por agresiones en el ejercicio de su profesión.

El 25 de febrero pasado, Torrico obtuvo una sentencia a seis años y seis meses de presidio por los delitos de secuestro, tortura y extorsión a un mecánico, en 2019, para que firme un documento en el que aceptaba haber recibido la inexistente suma de 20.000 dólares por un anticrético.

Sobre este caso, también se pronunció la Defensoría del Pueblo advirtiendo que este tipo de actos constituyen medios judiciales de amedrentamiento para el sector de la prensa y de limitación a la libertad de expresión.

El Ministerio de Justicia también aseguró que se encuentra vigente la Ley de Imprenta de 1925 y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución y por la Convención de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

IP/MP

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