– Fue abrogado el DS 4320 que benefició irregularmente a esa familia. Se trata de los predios Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte por unas 27.000 hectáreas.

Innovapress, 28 abr 2021.- El Gobierno informó que abrogó el decreto supremo 4320 de la expresidenta Jeanine Áñez por el cual -entre otros- benefició con tierras fiscales a la familia del exministro de Economía Branco Marinkovic por lo que se inició la notificación de reversión de más de 27.000 tierras otorgadas al margen de lo legal.

El informe se desprende del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales y del director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, quienes afirmaron en Casa Grande del Pueblo que hubo una sistemática intención en el gobierno transitorio de Áñez de favorecer a privados y allegados con tierras del Estado.

Gonzales dijo que el propósito con la abrogación del decreto 4320 se busca dar una mayor transparencia en el proceso de saneamiento de tierras fiscales y se fortalecerá el control de calidad en la dotación de predios.

“Quiero dejar en claro que el decreto de Jeanine Áñez ha sido abrogado para evitar irregularidades posteriores y entra en vigencia el decreto 4494 “, acotó.

Por su parte, la principal autoridad del INRA indicó que en aplicación al DS 4494 promulgado el 21 de abril pasado “hoy (por este miércoles) ha notificado a la Viceministerio de Tierras con una resolución de los predios pertenecientes a la familia Marinkovic, un predio que es Laguna Corazón y Tierras Bajas del Norte, esas notificaciones ya se han ejecutado”.

“Estamos hablando de estos dos predios que hacen un total de 27.000 hectáreas que pretendieron beneficiar a estas dos empresas que pertenecen a la familia Marinkovic sujetas a ser declaradas tierras fiscales conforme a la normativa agraria y a la Constitución Política del Estado”, expresó.

Explicó que ahora ese proceso se encuentra en tuición del Viceministerio de Tierras para que presente demandas -si acaso hay evidencias en el proceso- de que hay irregularidades.

“Como INRA estamos cumpliendo lo que determina el decreto. Durante el Gobierno de Áñez se han emitido resoluciones finales de saneamiento de 507 predios en los cuales 46 de ellos se han encontrado serios indicios de irregularidades que abarcan una superficie de 212 mil hectáreas”, añadió.

Núñez dijo que de deseos 46 predios, dos ya han sido notificados y explicó que hay indicios irregulares en el predio Tierras Bajas del Norte de los Marinkovic, donde está instalada la empresa agropecuaria Laguna Corazón que se encuentra en la provincia San José de Chiquitos en Santa Cruz sobre el cual el INRA inició el proceso de saneamiento de tierras en 1998 y hasta 2019 (21 años) el INRA reconoció solo 5.000 hectáreas enmarcadas en la Constitución Política del Estado.

Recordó que en Bolivia se acudió a un referéndum sobre el latifundio en el que se preguntó sobre la máxima propiedad de la tierra y el pueblo definió que la propiedad debe ser de 5.000 hectáreas.

Sin embargo, durante el Gobierno de Jeanine Áñez en un año se pretendió reconocer una superficie total de 21.839 hectáreas afectando al Estado con una superficie de 16.839 hectáreas que deberían haber sido declaradas tierras fiscales a los Marinkovic.

“Acá de manera sorprendente, en el año de Áñez, de repente cambia la posición el INRA y pretendieron reconocer la totalidad de predios”, dijo Núñez.

En el segundo caso, sobre el predio Laguna Corazón también de la familia Marinkovic, predio en Asunción de Guarayos, explicó, el INRA inició su saneamiento en el año 2000 y hasta la gestión 2019 -durante 19 años- el INRA reconoció 2.279 hectáreas, pero se pretendió reconocer una superficie de 12.489 hectáreas, afectando al Estado con 10.207 hectáreas que deberían que debieron ser declaradas fiscales.

La Fundación Tierra denunció que el gobierno de Áñez favoreció a la familia Marinkovic, cediéndole los predios de Laguna Corazón, en la provincia Guarayos, y Tierras Bajas del Norte, en la provincia Chiquitos.

Marinkovic juró como ministro en agosto de al año pasado, pero la resolución suprema que, según la denuncia de esa fundación, firmó la presidenta es de julio de 2020. La fecha que observa la Fundación Tierra es en la titulación que realizó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

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