-También se hizo llegar las argumentaciones sobre la sucesión inconstitucional de Janine Áñez. Se remitió el mismo informe a todas las representaciones diplomáticas en La Paz.

Innovapress, 30 abr 2021.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, remitió este viernes un informe a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia sobre los sucesos de 2019 en los cuales considera que hubo un “golpe de Estado” antes, durante y después de la crisis del 10 de noviembre de ese año.

Chávez indicó que el documento se remitió como respuesta a una solicitud requerida de información de parte de la Misión de la ONU en Bolivia.

“Todo conduce a que en el país el 10 de noviembre se ha consumado un golpe de Estado con la renuncia de Evo Morales a su mandato”, resumió Chávez.

El informe “Comunicación conjunta de los procedimientos especiales, desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia” establece cuatro conclusiones:

La primera que a raíz de los conflictos postelectorales de 2019, “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales, quienes ejerciendo violencia extrema vulneraron derechos humanos de la población”.

Asimismo, que una vez instaurado el régimen de facto de Jeanine Áñez Chávez, el pueblo boliviano atravesó por un periodo de represión de las protestas sociales, de persecución política a dirigentes del partido MAS-IPSP y exautoridades del gobierno de Juan Evo Morales Ayma.

También que el pueblo boliviano rechazó, de forma democrática, las políticas del régimen de facto y eligió a Luis Arce en las urnas.

“El Presidente asumió en noviembre de 2020, después de recibir un apoyo del 55,11% de los votos válidos en las elecciones presidenciales del domingo 20 de octubre, según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ese porcentaje de preferencia electoral, desvirtúa materialmente la narrativa del presunto fraude”, se describe en la tercera conclusión.

El documento incluye que el Gobierno se comprometió a viabilizar la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI–Bolivia) que investiga los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“El gobierno de Luis Arce Catacora asumió el compromiso de investigar las vulneraciones de derechos humanos sucedidos durante el gobierno de facto y sancionar a los responsables; a este efecto, actualmente, se desarrollan las investigaciones por las masacres de Sacaba y Senkata; viabilizó la labor del GIEI y genera espacios de coordinación con las víctimas para poder otorgarles una reparación integral”, indica en su última argumentación.

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